Editorial: El “Estado neoliberal”

El ministro Luis Miguel Castilla usó una de sus últimas declaraciones en el cargo para decir que el Estado Peruano es como una cafetera saturada que ya no podía procesar más recursos. Esto, sin duda, es verdad. Ahí están para atestiguarlo, por un lado, los miles de millones de soles que, año a año, quedan sin ejecutar en los niveles central, regional y municipal de gobierno; y, por el otro, la mala calidad del gasto que ha hecho que los presupuestos se multipliquen en la última década sin que al mismo tiempo mejoren de forma proporcional los servicios que se pagan con ellos.

El problema, indiscutiblemente, es serio, y pone en evidencia la enorme importancia de una reforma del Estado que nos provea finalmente de un servicio civil profesional y meritocrático, a la manera del que ya existe en las pocas –aunque vitales– “islas de eficiencia” que desde los noventa se han ido construyendo en algunos entes estatales. Una reforma, por cierto, cuyo primer paso este gobierno ha tenido el mérito de dar con la aprobación de la Ley Servir, pero cuyos pasos siguientes están aún por verse. 

Detrás del problema hay, sin embargo, una buena noticia. Y una que deja muy mal parados a quienes caprichosamente repiten que el modelo económico que nos rige –por ellos llamado “neoliberal”– ha desmontado el Estado Peruano, dejándolo pequeñito y sin posibilidades de acción (sobre todo, para ayudar a los más necesitados), en un rincón de la habitación nacional. En realidad, al menos en cuanto a los recursos de los que dispone para cumplir con sus funciones reales, nuestro Estado nunca ha sido más poderoso que ahora. En el 2003 el presupuesto estatal era de S/.44.000 millones. Para el año pasado, gracias al prodigioso aumento de la recaudación que trajo consigo el crecimiento, esa cifra se había triplicado hasta alcanzar los S/.133.000 millones. Es decir, en diez años el Estado Peruano pasó a tener tres veces más recursos para cumplir sus fines.

De este aumento de los presupuestos estatales se benefició importantemente el gasto que el Estado dedica cada año para ayudar a quienes tienen menores recursos (el gasto “social”, en términos latos), el mismo que, en el período mencionado, subió desde S/.15.000 millones a S/.45.000 millones anuales. Pese a todo lo que aún se puede avanzar en esta materia (de la mano con la instalación de la meritocracia), los sueldos de los maestros se duplicaron en este lapso y los de los médicos se incrementaron también sustancialmente. Por otra parte, los otros sectores del Estado se vieron también empoderados con esta multiplicación de recursos. El Poder Judicial, por ejemplo, vio su presupuesto duplicado solo del 2007 al 2011. El Ministerio del Interior pasó de S/.2.855 millones en el 2003 a contar con S/.5.269 millones el año pasado. El de Defensa dio un salto de S/.3.000 millones a S/.7.000 millones. Y así.

Lo que sí es verdad es que –pese a todo– tenemos hoy un Estado mucho más pequeño en lo que toca a su lado empresarial. Pero esto tendría que ser una buena noticia para los sectores en lo que debería estar la verdadera fuerza del Estado: la salud, la seguridad, la educación, la justicia y demás ya no tienen que competir con las empresas estatales por los recursos públicos. Y ojo que el peso que las empresas estatales ejercían sobre esta “competencia” no era pequeño: para comienzos de los noventa, el megasector empresarial que entonces tenía el Estado había dejado al país un hueco financiero igual al de la gigantesca deuda externa que por entonces teníamos. Por lo demás, la privatización de las empresas estatales que salieron de manos del Estado fue también una buena noticia para sus consumidores, particularmente en las empresas de servicios públicos en que luego de las privatizaciones el usuario vio aumentar enormemente las coberturas, bajar las tarifas y mejorar exponencialmente los servicios (¿alguien ha olvidado lo que era instalar una nueva línea telefónica en el Perú de antes de los noventa?). 

En suma, pese a lo que repiten algunas versiones tendenciosas, gracias a la economía relativamente abierta que (aunque con muchas contradicciones) tenemos, nuestro Estado tiene hoy mucho más recursos de los que tuvo jamás para cumplir con sus funciones reales y nadie debería de tener la desvergüenza de proponer que retome otras adicionales (y vuelva a los negocios) mientras no pueda usar estos recursos para dar decentemente a sus ciudadanos las cosas para las que fue creado en primer lugar.