Editorial: Oportunidades para una nueva década

Decíamos ayer en estas páginas que el 2019 fue un año relativamente corto en términos políticos: empezó horas antes del 1 de enero con las protestas en contra de la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y terminó –políticamente hablando– con la disolución del Congreso del 30 de setiembre.

Salvo imprevistos, este 2020, por el contrario, se asoma como un año largo cuyas tramas terminarán de desenvolverse entrado ya el 2021.

Política. El año se inicia con las elecciones especiales al Congreso que completarán el período de gestión del anterior. A poco más de tres semanas de los comicios, no existe un panorama claro sobre la ruta política que tomará la mayoría parlamentaria, en parte porque la ausencia de candidatos presidenciales de arrastre ha fragmentado el voto, y en parte porque la línea programática de algunos partidos que llevan la delantera es poco consistente.

Lo que sin duda marcará la agenda, como lo hizo el año anterior y también el previo a ese, será la relación que el Congreso logre formar con el Poder Ejecutivo. El país ha soportado ya más de tres años de disfuncionalidad política que ha generado un marasmo gubernamental y legislativo. La ciudadanía reclama que, dentro del nuevo Congreso, prime la discusión de ideas y de políticas en beneficio de la gente por sobre los intereses políticos partidarios o personales, y que en esta discusión el Ejecutivo participe también de manera constructiva. Si las necesidades del ciudadano –seguridad, justicia, transporte, salud, educación, etc.– no son el centro de la discusión y de las políticas públicas, como ha sucedido en los últimos años, el debate está mal enfocado.

El tema no es menor. Una clase política desprestigiada e impopular, que se siente desconectada de quienes dice representar, es nada menos que una bomba de tiempo para la estabilidad del país (el ejemplo de Chile es, de hecho, pasmosamente cercano). Dependerá en buena cuenta de la madurez del nuevo Congreso –y del Ejecutivo en su relación con este– que los peruanos vuelvan a confiar en que los cauces democráticos y sus instituciones son la mejor alternativa ante los cantos de sirena y las aventuras autoritarias que ganan tracción en la región y en el mundo.

Economía. La lista de pendientes para el 2020 en asuntos políticos es extensa y compleja, pero las tareas por realizar en materia económica no se quedan atrás. El 2019 fue el año de menor crecimiento desde el 2009, pero, a diferencia de este último, no hubo una crisis global que lo justificara. Por el contrario, la responsabilidad fue principalmente interna.

El repunte de la inversión pública es un asunto esperado y que debería apuntalar la actividad económica en ciertas regiones. La incapacidad del gobierno nacional para ejecutar su presupuesto, de un lado, y la inexperiencia y el cambio de prioridades que vienen con el primer año de gestión de las autoridades subnacionales, de otro, deberían ser temas a revertirse este 2020.

Más importante aún, sin embargo, es el trabajo pendiente para fomentar la inversión privada –cuyo peso en la economía es cuatro veces el de la inversión pública–. En este campo el Gobierno ha tenido mensajes poco constructivos por acción u omisión. Entre los primeros, destacó el año pasado la suerte de conspiración que se percibió desde la propia Presidencia de la República para cancelar el proyecto cuprífero Tía María, en Arequipa, deprimiendo los ánimos del sector minero en particular y del sector privado en general. La reactivación de la exploración y la inversión minera deberá ser parte urgente de la agenda de este año.

Entre las omisiones, quizá la más clamorosa es la permanente falta de interés del Ejecutivo por encabezar una verdadera reforma laboral. Para este 2020, más bien, se ha anunciado un incremento del salario mínimo en los primeros meses, lo que encarecerá aún más el acceso a la formalidad. Congreso y Ejecutivo harían bien en empezar el año con un anuncio de revisión integral de la normativa laboral que hoy condena a siete de cada diez peruanos a la informalidad. Sería, de hecho, un ejemplo claro de políticas que privilegian poner al ciudadano al centro del debate.

Social. Como mencionábamos ayer, el 2019 nos dejó cifras lamentables de feminicidios en el país. Siendo el año pasado el período con los números históricos más altos de feminicidios –y teniendo demasiado cercano el estremecedor caso de El Agustino de los últimos días–, debería ser obvia la prioridad que la situación amerita.

Entre los temas que marcan la agenda del día a día, el manejo de la inseguridad ciudadana merece un fuerte llamado de atención de las políticas de este gobierno y los anteriores. Lo mismo sucede con la gestión del transporte urbano, cuyas reformas han sufrido retrasos y deterioros año a año. En las últimas semanas, por ejemplo, las convocatorias al diálogo con los colectiveros informales, manteniendo de lado a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, dejó mucho que desear. Poner al ciudadano al frente de la discusión significa colocar los reflectores en estos asuntos durante el 2020.

Con todo, el 2020 se presenta como un año de enormes retos, pero a la vez con oportunidades de reformas significativas. Depende de nuestra clase política, y en última instancia de quienes los elegimos, nosotros, no repetir lo que sucedió en el 2019 y años anteriores.