Editorial: Parada final

Ha hecho muy bien la alcaldesa Villarán en culminar esta semana la clausura de La Parada, haciendo valer la ley y el principio de autoridad en un asunto trascendente – también por simbólico, dada su relevancia mediática– para el futuro desarrollo de la ciudad – y para su presente higiene y seguridad–.

Ha hecho muy bien, pese a que, para lograrlo, haya tenido que recurrir a la fuerza. Más concretamente, a la movilización de 5.000 policías y de maquinaria para el derribo de muros al inicio de la operación; y luego, una vez logrado el control de la situación, de casi 500 efectivos del orden (entre policías y serenazgos  enviados por  la Municipalidad de Lima ) en resguardo permanente de la zona.

Y ha hecho muy bien, también pese a que esta fuerza tuviese que usarse contra lo que, al menos según los estándares normalmente empleados en el país, sin duda hubiera calificado como “una protesta social”. 

Después de todo, ahora, como en el 2012, cuando la alcaldesa logró el primer – y casi definitivo– “desalojo” por la fuerza del lugar, en La Parada no había solo delincuentes, ni mucho menos. Había también pequeños empresarios, en los más de los casos de origen bastante humilde e historia considerablemente esforzada, aunque en cuanto a su permanencia en ese lugar estuviesen yendo en contra de la ley y en contra de la autoridad – además de contra las recomendaciones de clausura de Defensa Civil– . Un ejemplo de ello es la misma dirigente de la “protesta” y comerciante de verduras, Ida Ávila, quien está en el mercado desde los 6 años, cuando llegó junto con su madre, que trabajaba vendiendo verduras en el lugar.  

Hizo muy bien, finalmente, la alcaldesa, en tampoco retroceder frente a lo que intentó la “resistencia” del mercado al encerrarse en el lugar, incluso con algunos familiares y en condiciones muy duras, durante el sitio al que, con la ley de su lado, lo sometió la municipalidad. Quienes tuvieron que pasar esos días de encierro en La Parada, recibiendo la comida que les arrojaban por encima de los muros sus cómplices, fueron las víctimas de su propio intento de chantaje (o del de sus familiares, según los casos), no de la municipalidad.

Al proceder pese a todo esto, la alcaldesa dio un mensaje que rara vez dan las autoridades en el Perú: las reivindicaciones sociales del tipo que sean no dan patente de corso para estar por encima de la ley ni para violar los derechos de terceros (y cuidado que los primero suele implicar lo segundo, siendo en este caso ese “tercero” una ciudad entera). Lo que, desde luego, no quiere decir que “autoridad” signifique sangre y fuego a discreción. 

Ese no ha sido el caso acá, donde el traslado a Santa Anita y a los otros destinos según el tipo de comercio se intentó hacer primero por las buenas y donde la fuerza desplegada ha sido solo la necesaria para vencer a la que se estaba aplicando contra la autoridad. Y ese no es el caso tampoco en muchas de las “protestas sociales” que suelen encender por rachas el país cada tanto y donde, por lo demás, normalmente la autoridad hace valer o no los derechos que consagran las normas según quienes sean las personas que ejercen la presión y según el nivel de la violencia con que la ejerzan. 

La referencia a estas otras “protestas sociales” viene a cuento, desde luego,  porque los partidos aliados de la alcaldesa, cuyos miembros  la han apoyado firmemente en este despliegue de fuerza, muestran un pensamiento diferente – por no decir frontalmente opuesto– cuando quien tiene la jurisdicción de las fuerzas del orden no es alguien de sus filas.  Lo que haría pensar que para ellos “represión” es solo la que no conviene a sus intereses políticos. 

Más allá de esto último, sin embargo, está claro que por parte del municipio insistir en imponer el cierre de La Parada contra todas las fuerzas que se le opusieron ha sido un acierto de principios que nosotros saludamos y que, en los hechos, se va a traducir en una importante victoria para el futuro de nuestra ciudad.