Editorial: Pecado por herencia

En un país cuyo trayecto republicano ha sufrido tantos golpes de Estado, gobiernos salpicados por la corrupción y otros latrocinios, no resulta extraño que muchos políticos procuren alejarse de las sombras que persiguen a las fuerzas partidarias que hoy representan, pero que protagonizaron en el pasado vergonzosos episodios.

Ahí están, por ejemplo, los militantes del fujimorismo y, en especial, la propia lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, quien en sus propias palabras ha “cargado una mochila muy grande”, en referencia implícita a los casos de corrupción y atentados contra la democracia y los derechos humanos perpetrados por el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los noventa.

En la primera mitad de la década pasada, y en medio de sus aspiraciones por llegar nuevamente al poder, los postulantes apristas también tuvieron que lidiar con los recuerdos de la nefasta primera administración de Alan García, que condujo al país a la miseria económica y enfrentó también graves acusaciones de corrupción y delitos de lesa humanidad.

Considerando estos antecedentes, uno esperaría que los representantes políticos de las principales fuerzas de nuestro país –presentes en el Parlamento– fueran especialmente cautos en cuanto a condenar a alguien por su herencia partidaria. Pero, como en varios otros asuntos, los padres de la patria suelen asombrarnos.

En los últimos días, varios parlamentarios han cuestionado la permanencia de la señora Ana María Romero-Lozada como cabeza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ello a raíz de su vinculación con el ex presidente Alejandro Toledo, sindicado como beneficiario de US$20 millones en coimas pagadas por Odebrecht a cambio de obtener la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur. Como se recuerda, Romero-Lozada fue titular del mismo sector durante el gobierno peruposibilista en dos ocasiones y también dirigió el Centro Global para el Desarrollo y Democracia, una ONG fundada por Toledo, que recibió financiamiento de Odebrecht entre el 2009 y el 2011.

Aunque la ministra se ha defendido alegando que en el 2013 compartió toda la información de la ONG y que esta no había recibido “un sol de la corrupción”, sus detractores, como el vocero alterno de FP Daniel Salaverry, le han pedido que “dé un paso al costado” por “un tema de decencia”. Un argumento similar al que habían utilizado sus compañeros de bancada Luis Galarreta, Héctor Becerril y Karina Beteta en días previos.

En una entrevista publicada el miércoles en el diario “Correo”, la congresista fujimorista Úrsula Letona dio un paso más. Cuando le preguntaron si los ministros del gobierno de Toledo debían ser investigados, ella planteó que “los ex ministros vinculados con el ex presidente Toledo den un paso al costado en la actual gestión de gobierno, sobre todo las personas que han estado muy cerca o en obras vinculadas a Odebrecht”. Por su parte, el parlamentario aprista Mauricio Mulder ha cuestionado que el presidente Pedro Pablo Kuczynski “haya nombrado a una persona de confianza de Alejandro Toledo en el Gabinete [Ministerial]”.

Sin embargo, bajo los mismos argumentos de conexión histórica, también se podría cuestionar que, en su momento, el Apra haya nombrado como ministra del Interior a Pilar Mazzetti (ex ministra de Salud durante el toledismo). O que la propia Letona se desempeñara como asesora en la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2005, durante el gobierno de Toledo, y que la parlamentaria de FP, Patricia Donayre, haya postulado a la presidencia regional de Loreto en el 2002 bajo el símbolo de Perú Posible. Y, por supuesto, que FP incluyera entre sus candidatos en las últimas elecciones generales a personas como José Chlimper, Luz Salgado, entre otros antiguos integrantes del fujimorismo de los noventa.

Pero, a nuestro entender, la concurrencia en un gobierno, por sí sola, no convierte al funcionario de turno en culpable de todos los pecados de aquel. Si así fuera, pocas serían las personas aún hábiles para trabajar en el Estado y, más bien, muchos se verían desincentivados de hacerlo si con ello tuvieran que asumir simbióticamente todos los pasivos de los miles de personas que integran la administración pública.

Ciertamente, la ministra Romero-Lozada tendrá muchas cosas que responder, pero deberá ser por sus acciones u omisiones. Y harían muy bien los congresistas en enfocarse en este punto y no tanto en los legados ajenos, sobre todo cuando no pueden sentirse muy orgullosos de las herencias que ellos tendrían que exhibir. 

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