Editorial: Respaldos que mellan

En los días previos a su realización, la Junta de Fiscales Supremos celebrada antes de ayer despertó gran expectativa en la ciudadanía. Esto, porque en ella debía resolverse si continuaba al frente del Ministerio Público el fiscal Pedro Chávarry, recientemente elegido para ejercer tal cargo pero objeto de controversia por las reiteradas mentiras en las que incurrió, antes y después de su elección, en torno a su relación con el juez César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo. Y, particularmente, a propósito de la reunión con periodistas que ellos dos le organizaron en casa del segundo para contrarrestar una supuesta campaña que existía en los medios contra él.

Como se recuerda, Chávarry negó varias veces que él hubiese consentido a que la cita con los hombres de prensa se convocase en su nombre y, desde luego, haber concurrido a ella. Pero una sucesión de audios divulgados en los días siguientes demostró que había mentido clamorosamente y lo obligó a admitir todo.

A estas alturas del escándalo desatado por las grabaciones que han sacado a la luz la corrupción que campea en el sistema de justicia de nuestro país, resulta innecesario entrar en detalles sobre las alarmas que activa la revelación de una relación cercana con esos personajes en el caso de cualquier funcionario público; y, a mayor razón, en el de la persona que encabeza un órgano como la fiscalía. Mentir acerca del vínculo, no obstante, transforma automáticamente lo inquietante en sospechoso.

Por eso, la junta del viernes enfrentaba un problema particularmente espinoso, que comprometía la credibilidad de la ya mencionada institución… Y, sin embargo, tres de los cinco fiscales presentes se pronunciaron a favor de que Chávarry permaneciera en su puesto, echando sobre los hombros del Ministerio Público el peso de sus faltas a la verdad.

Según hemos señalado ya en esta página, todo ello configuraba, en nuestra opinión, una circunstancia indeseable y negativa. Pero la gravedad de lo ocurrido dos días atrás va en realidad más allá de eso, pues las posiciones que permitieron la continuidad del fiscal de la Nación en su cargo provinieron de los integrantes de la junta que podían tener intereses en que las investigaciones a Hinostroza no se desarrollen con el rigor necesario.

Por un lado, Chávarry se manifestó a favor de sí mismo, lo que en el trance actual, más que falta de elegancia, sugiere desesperación. Y por otro, los otros dos fiscales que lo respaldaron tienen sendas historias que los vinculan con el juez en cuestión y el contenido de los llamados “audios de la vergüenza”.

Víctor Raúl Rodríguez Monteza, efectivamente, no solo fue quien solicitó a los periodistas de IDL-Reporteros y “Panorama” que entregasen las grabaciones en su poder y revelaran sus fuentes, sino que en una conversación con Hinostroza recibe de él la propuesta de hacer una lista para la mesa de la Asociación Nacional de Magistrados… Y el 30 de junio termina siendo elegido presidente de esta.

Mientras que a Tomás Gálvez Villegas se lo escucha en otra llamada pedirle a Hinostroza que se acepte en la Corte Suprema un recurso de casación presentado por un rondero de San Martín. Todo esto, en medio de zalamerías e innegables muestras de proximidad que rebasan el trato profesional.

En el mejor de los casos, en consecuencia, podría decirse que el apoyo brindado por esos dos fiscales es indecoroso, pero no se puede impedir que en diversos sectores de la opinión púbica se malicie que lo que se ha buscado en realidad es mantener bajo control las indagaciones que tendrá que llevar adelante el Ministerio Público sobre el suspendido magistrado de la Suprema y que podrían exponer a sus contertulios a una situación más que delicada.

Así las cosas, es claro que Chávarry está ante la paradójica circunstancia de haber recibido respaldos que mellan. Y los peruanos todos, ante el desafortunado trance de tener al frente de la fiscalía a una persona signada por la mentira y envuelta en sombras de duda.