En los últimos días, los avances en la investigación por el caso conocido como ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP) –por el que el lunes fueron detenidas seis personas– nos han permitido conocer hasta qué punto el régimen de Pedro Castillo trató de instrumentalizar a la institución policial a fin de obtener réditos ilícitos de esta. ¿De qué tipo de beneficios hablamos? En buena cuenta, de dos: protección ante posibles investigaciones contra el expresidente o sus allegados y dinero contante y sonante.
Para garantizarse lo primero, la tesis fiscal sostiene que la presunta organización criminal –en cuya cúspide habría estado nada menos que el exmandatario– se encargó de designar en el cargo de comandante general de la institución policial el 2 de setiembre del 2021 (es decir, poco más de un mes después de haber llegado al poder) a Javier Gallardo que anoche se entregó a la justicia. Él, según el Ministerio Público, habría tenido la obligación de informar de todo y, “si las cosas se ponían feas o les ordenaban prisión preventiva a Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y Bruno Pacheco, tenían que apoyarlos y no detenerlos”. Como recordamos, en el caso del primero, este se halla en la clandestinidad desde marzo, por lo que las indicaciones del grupo parecen haber surtido efecto en este extremo.
Respecto de lo segundo, por un lado, se habrían cuantiosas sumas de dinero para beneficiar a ciertos cuadros en los ascensos del 2021, cuya manipulación del proceso fue denunciada en su momento nada menos que por el entonces subcomandante general de la PNP, Javier Bueno, y, por el otro, se habrían dirigido licitaciones públicas (por ejemplo, para la adquisición de uniformes policiales) a favor de dos mayores de la PNP –Óscar Monge Macarlupu y Luis Tuesta Ramón– a través de sus empresas o las de sus familiares. A estos dos últimos, además, se les sindica de haber captado también al menos a tres coroneles para ascenderlos a cambio de US$40.000.
Es cierto que antes se han registrado algunos escándalos de corrupción ligados a la PNP. Pero también es verdad que en los últimos años no hemos visto nada similar a lo de estos días. Después de todo, hablamos aquí de una trama que implica a quien hasta hace tres semanas ejercía la jefatura del Estado, a un ex comandante general de la institución (el ya mencionado Gallardo), a varios altos mandos del organigrama policial, al exministro de Defensa Walter Ayala y hasta a un congresista de la República, el parlamentario Américo Gonza, de Perú Libre. Y no sería sorpresivo que los nombres de más funcionarios y otros altos mandos vayan saliendo a la luz conforme avancen las investigaciones…
Por lo anterior se hace indispensable que en el más breve plazo las autoridades competentes puedan determinar quiénes fueron los efectivos policiales salpicados por los indicios de corrupción para apartarlos de una institución desde la que todavía pueden hacer mucho daño. Y tomar, además, las previsiones necesarias para que estos episodios no vuelvan a ocurrir en el futuro. La PNP, qué duda cabe, fue una de las instituciones más afectadas por el régimen de Castillo que, todo hace indicar, vio en ella no solo a un aval para asegurarse la protección de sus compinches –que era, a juzgar por las delaciones de varios de ellos, una forma de garantizarse la suya también–, sino también un botín al que exprimir de diferentes maneras para amasar sumas de dinero nada desdeñables.
Vistas así las cosas, no parece coincidencia que varios de los prófugos más buscados del Gobierno, como el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez, o el exministro de Transportes Juan Silva, no hayan sido ubicados durante tantos meses. Tampoco la rotación de cabezas en la PNP y en varias de sus direcciones claves que vimos durante los 16 meses de gobierno del hoy preso expresidente.
Lo que hubo durante el gobierno anterior fue un intento desvergonzado por copar la PNP para fines particulares y los sucesos que hemos visto esta semana en esta suerte de saga de policías y ladrones lo han dejado más claro, por si hacía falta.