Editorial: Postgrado en delincuencia

Uno de los programas sociales que el gobierno ha impulsado con mayor éxito ha sido la creación de una serie de importantes becas para la educación de personas con pocos recursos. Paralelamente, desde hace algunos años los contribuyentes involuntariamente venimos financiando otro tipo de beca que flaco favor le hace a la sociedad: los “postgrados” en distintos delitos que reciben miles de internos durante su paso por los penales en especialidades como extorsión, secuestro, sicariato y, recientemente, falsificación de billetes. Así lo demuestra, por ejemplo, la nota que publicamos el pasado jueves que informaba que Napoleón Solís Mancilla, -detenido con billetes falsos que sumaban US$ 1.3 millones- aprendió a falsificar dinero en el penal San Pedro (antes Lurigancho) durante los cuatro años que estuvo preso por robo agravado.

Somos testigos, una vez más, de cómo nuestros penales, lejos de rehabilitar al reo, se han convertido en una especie de escuela técnica de alta especialización para la criminalidad. Incluso luego de salir en libertad le enviaban trabajo desde la misma cárcel. “Me llaman del penal para decirme que me van a llegar planchas para hacerles el acabado”, señaló Solís Mancilla en su interrogatorio con la Policía.

Si bien la policía estaría haciendo todos sus esfuerzos por controlar la población carcelaria, el problema radica en que nuestro sistema penitenciario, desde hace muchos, años ha colapsado. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la población carcelaria habría llegado a la cifra récord de 71 mil internos, cuando la capacidad de los 67 penales de nuestro país es de un máximo de 31 mil. El referido penal San Pedro, por su parte, tiene una población de nueve mil internos, cuando su capacidad es tan solo tres mil. Por ello, se hace muy difícil la supervisión de las actividades de todos los reclusos, y los penales se convierten en caldo de cultivo para actividades ilícitas. Otra prueba de eso es que según la policía el 95% de las extorsiones se realizan desde los penales.

Aunque el Ministerio de Justicia (Minjus) tiene en sus planes la construcción de cinco nuevos penales mediante ejecución pública directa, la realidad es que no podemos esperar a la incierta y lenta burocracia estatal para solucionar esta problemática. La velocidad con la que el INPE ha construido penales en los últimos años no es proporcional al exponencial crecimiento del número de internos. Esto sin contar los pésimos servicios que existen en nuestros penales en lo que toca a la alimentación, la salud, la salubridad y la seguridad. A ello se le suma la incapacidad del Estado para adoptar medidas alternativas para lidiar con el hacinamiento y los delitos desde los penales: aún no se ha adoptado el sistema de grilletes electrónicos y se comprobó que los bloqueadores de celulares no funcionaban en algunas cárceles.

En tal sentido, el gobierno debe considerar que parte importante de la solución pasa por trabajar de la mano con el sector privado mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP). Actualmente pro inversión cuenta con un proyecto para que el sector privado se encargue de la construcción y reubicación de algunos penales que se encuentran dentro de zonas urbanas; sin embargo, el gobierno puede hacer mucho más. De hecho, el Minjus solo tendría que ver lo que exitosamente viene sucediendo en otros sectores. El sector salud, por ejemplo, ya cuenta con un agresivo programa para la construcción y mantenimiento de diversos hospitales a nivel nacional mediante esta modalidad, en el que inclusive se ha llegado a concesionar la administración de los servicios hospitalarios (lavandería, alimentación, logística). Por su parte, el sector educación hace poco también anunció un interesante programa de APPs y obras por impuesto para construir más y mejores centros educativos.

Que el Minjus concesione, no solo la construcción y mantenimiento de los penales, sino también los servicios penitenciarios (alimentación, psicología, tecnología, etc.) permitiría que un privado entre a operar allí donde el Estado no ha sido eficiente, logrando disminuir el hacinamiento carcelario y así erradicar las actividades ilegales dentro de las cárceles. Todo ello ya que la empresa que gane una licitación tendrá incentivos contractuales para implementar eficientes mecanismos de supervisión y fiscalización. Caso contrario, corre el riesgo de ser sancionada con importantes penalidades que incluyen hasta la posible pérdida de la concesión.

Es cierto que, como muchos señalan, contratar a privados para que administren las cárceles podría suponer aumentar el presupuesto que hoy se destina a los penales. Sin embargo, ¿acaso hay algo más caro para la sociedad que sufrir las consecuencias de tener cárceles que en vez de frenar la delincuencia la promueven?