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![La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se presenta ante la representación nacional para solicitar el voto de investidura, el último 25 de octubre. (Foto: Congreso).](https://elcomercio.pe/resizer/CsOL0ijLUG02hJ2vxEkXMZ2YIJ8=/580x330/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/EFRTPMT3KBBPZEJ6FRGEA257VE.jpg)
Poco después de las 5 de la tarde de ayer, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció que se suspendía la sesión en la que la representación nacional debatía el voto de confianza solicitado por la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, debido al lamentable fallecimiento del legislador de Perú Libre Fernando Herrera. La discusión se retomará, según ha anunciado la Mesa Directiva, el próximo 4 de noviembre.
Más allá de si finalmente conseguirá la investidura, hay dos aspectos que quedaron flotando después de la exposición de la presidenta del Consejo de Ministros. Y dado que ambas fueron banderas ondeadas en su momento por su antecesor en el cargo, el congresista Guido Bellido, es vital que tome una posición clara. Hablamos, por supuesto, de la asamblea constituyente y de la nacionalización de Camisea.
Sobre la primera, es cierto que hace unas semanas la señora Vásquez sostuvo en una entrevista que la figura “no está como una de las prioridades de este gobierno”. Y en esa misma línea se había expresado días atrás el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke (“Creo que no es una prioridad en este momento”). Ambas posiciones, dicho sea de paso, a tono con lo que, según diversas encuestas, una mayoría de ciudadanos comparte. Sin embargo, este fin de semana, la titular de Trabajo, Betssy Chávez, explicó que la asamblea constituyente era “una prioridad nacional”.
Si bien uno puede entender que los ministros no defiendan exactamente las mismas posiciones, en un punto tan crucial como este la contradicción degenera en suspicacias. Por lo que la intervención de ayer era una buena oportunidad para que la cabeza del equipo ministerial nos dijera si terminarán de arriar esta consigna o si, por el contrario, volverán a enarbolarla. Y la dejó escapar.
Por un lado, la señora Vásquez no mencionó las palabras ‘asamblea constituyente’ durante su alocución, pero, por el otro, habló de la necesidad de “un nuevo contrato social por la estabilidad, la democracia y los cambios que se demandan”… lo que deja el asunto a merced de una amplia interpretación. De hecho, mientras en la versión impresa del discurso se puede leer un llamado a “un renovado pacto constitucional”, durante su presentación, la primera ministra cambió esta frase por “un renovado pacto en el marco constitucional”. La diferencia entre ambas no es menor.
¿A qué se debe esta indefinición en un asunto tan cardinal? Pues diera la sensación de que la primera ministra no quiere incordiar a ninguno de los sectores del Parlamento que tienen una conocida posición al respecto, especialmente al ala más radical del oficialismo y a sus aliados de Juntos por el Perú (JPP). Durante el debate de ayer, por ejemplo, el portavoz de Perú Libre, Waldemar Cerrón, aseveró que “no se puede hablar de cambios mientras no se haya tocado un tema tan importante como es el cambio de la Constitución”. A su turno, su compañero de bancada Álex Flores calificó la ausencia del tema en el discurso de la primera ministra como una “traición”. Mientras que la vocera de JPP, Ruth Luque, afirmó que su grupo político será “vigilante de que este gobierno cumpla con sus promesas”. “Y por ello ratificamos la urgencia de que se impulse un proyecto constituyente”, añadió.
Otro tema que no fue abordado durante el mensaje de la primera ministra fue el de Camisea, a cuyo consorcio su predecesor amenazó públicamente con una ‘nacionalización’. Ayer, mientras ella se encontraba en el Congreso, el presidente Pedro Castillo exhortaba al Legislativo a elaborar una “ley conjunta sobre la estatización o nacionalización del gas de Camisea” durante un evento oficial. Una afirmación que no solo va contra lo afirmado semanas atrás por el ministro Francke (quien dijo que “no vamos a expropiar el gas de Camisea”), sino que también deja mal parado al ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien explicó que la nacionalización del yacimiento “solo puede ser consecuencia de una renegociación”.
Las contradicciones en el Ejecutivo, como se ve, son inocultables. Y las precisiones de la presidenta del Consejo de Ministros, urgentes y necesarias.