Editorial: Prórroga al caos

El jueves, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que todas las empresas de transporte público del primer puerto y la capital continuarán operando en nuestras vías por un año más, estableciendo así la prórroga automática de las autorizaciones que culminaban el próximo 31 de diciembre. Esta nueva extensión, que beneficia incluso a las firmas con millones de soles en deudas al Estado por infracciones de tránsito, es la sexta que se hace y, según la ATU, fue aprobada en marzo a través de un decreto supremo.

Por donde se le vea, es evidente que esta circunstancia es una derrota, y en varios frentes, para la ciudad y las autoridades encargadas de administrar el transporte público. Por un lado, entraña la inevitable claudicación ante un sistema caracterizado por el caos y la informalidad, que por el momento debe perdurar porque la alternativa aún se halla lejos de poder cumplir la demanda existente. Por otro lado, el hecho de que esta prolongación de los permisos incluya a aquellas compañías con millones de soles en papeletas aún pendientes de pago significa un grave deterioro del principio de autoridad capitalino, toda vez que desacredita el valor sancionador de las multas y premia de cierta manera las conductas irresponsables y prohibidas.

Desde este Diario, como parte de nuestra campaña #NoTePases, hemos dado cuenta en más de una ocasión sobre la amenaza que las combis y las coasters, operadas por estas empresas, representan para Lima. Además del peligro latente que significa la manera en la que se desplazan por nuestras calles (con poco interés por las normas de tránsito y con vehículos en pésimo estado), algunas invaden el territorio en el que operan los corredores complementarios, compitiendo deslealmente contra ellos. La prórroga que estamos discutiendo significa que el problema se arrastrará por un año más y no ayudará a consolidar el sistema organizado y formal.

Según los expertos consultados por El Comercio sobre el tema, frente a este panorama será fundamental que las autoridades se dispongan a, por un lado, revisar las rutas en Lima y Callao y evitar que estas se sobrepongan –lo que genera que las empresas que nos ocupan compitan con los corredores complementarios–. Asimismo, se debe fiscalizar a las compañías a las que recientemente se les ha prorrogado la autorización y se tendrá que retirar a las que no cumplan los requisitos o mantengan deudas con el Estado. Esta vigilancia, además, debe incluir sanciones efectivas para las infracciones cometidas por los choferes de estos servicios.

Para esto último, el sistema que tiene como objetivo castigar con papeletas las malas conductas para disuadirlas tiene que funcionar plenamente. Pero como hemos comentado en esta página hace poco más de una semana, el panorama es adverso, ya que las multas que se imponen en nuestra capital están muy lejos de cumplir su fin y no existen verdaderos incentivos para que los deudores las paguen. Y la manera en la que funciona el Sistema de Administración Tributaria (SAT), privilegiando la recaudación por encima del efecto de la sanción, conspira a favor de esto.

En este punto entra a colación otro hecho ocurrido esta semana. El miércoles, el SAT realizó una de las subastas que la institución suele llevar a cabo de los vehículos que han estado internados en sus depósitos, algunos de los cuales tienen hasta 15 años de antigüedad y se encuentran en paupérrimas condiciones. Muchos incluso tienen papeletas pendientes de pago, pero tras su venta –que hasta puede resultar en que el dueño original lo recupere–, por un monto mínimo, vuelven a las calles para operar purgados de toda sanción.

En concreto, tanto la prórroga a la autorización para las empresas de transporte público como la manera en la que opera el SAT son evidencia de un sistema que no funciona. Es claro que tiene que emprenderse una reforma y para ello será clave que la ATU sea meridiana con las medidas que pretende llevar a cabo. La ciudad ya no puede seguir transando con la informalidad y la impunidad.

*Una versión anterior de este editorial aseguraba que algunos de los vehículos rematados por e SAT tenían “más de 15 años de antigüedad”, debía decir “hasta 15 años de antigüedad”.