Reflexión para la tercera edad

La falta de coordinación en el interior del sector público respecto de las propuestas de reforma del sistema de pensiones demuestra hasta qué punto cojea la colaboración necesaria dentro del Estado para asuntos legislativos complejos.

La Comisión de Economía del Congreso, presidida por la parlamentaria Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), y la Comisión de Trabajo, encabezada por la legisladora Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), avanzan –cada equipo a su ritmo y con sus ideas– en un asunto al que, aparte, se le había encargado a un subgrupo de trabajo de la primera comisión, liderado por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular). Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) empuja su propia propuesta luego de que la comisión multisectorial nombrada a mediados del año pasado para estudiar el tema –liderada inicialmente por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y luego trasladada al Viceministerio de Economía– mostrara pocos resultados. El desorden es patente.

A saber, esto no se trata de un esfuerzo legislativo cualquiera, de una ley más que pasa relativamente desapercibida para el ciudadano promedio. No es, tampoco, otra de las iniciativas para retirar por séptima vez fondos de las AFP (aunque de esas hay también algunas rondando las comisiones). De lograrse, para bien o para mal, una reforma como las que aspiran estos grupos de trabajo sería –por lejos– el cambio de política pública más relevante de los últimos años en pasar por el Congreso. Las modificaciones impactarán sobre decenas de miles de millones de soles que deben usarse para cubrir las necesidades de los jubilados peruanos de hoy y del futuro, y tendrán influencia sobre los mercados financieros, el déficit fiscal, los incentivos a la formalidad y la cobertura de salud.

Con esa información, cualquiera pensaría que, a pesar de las normales diferencias de opinión, todos los involucrados se están tomando el trabajo en serio. La premura y el contenido de la propuesta presentada por la congresista Bazán, sin embargo, invitan a la duda. En entrevista con este Diario la semana pasada, la parlamentaria indicó que aún están “esperando estudios del MEF” para conocer el costo fiscal de sus propuestas. Respecto de las reformas de fondo, la iniciativa asigna al Estado la gestión de las cuentas a través de una entidad dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), con todo lo que ello implica, y opaca las cuentas individuales capitalizables –como las que se tienen hoy en las AFP– a través de instrumentos como cuentas nocionales o fondos de riesgo compartido. El resultado es un desincentivo al ahorro, más riesgo fiscal y más poder para la burocracia de turno para hacer y deshacer con las pensiones de todos. La propuesta no pasó el filtro de la Comisión de Trabajo y enfrenta una reconsideración.

Los cambios en los sistemas de pensiones son un tema complicado en cualquier país –basta con ver lo que sucede hoy en Francia–. En el Perú, además, la alta informalidad laboral, la secuencia de retiros de las AFP desde el 2020, el déficit de la ONP y la norma que permite la disposición del 95,5% del fondo acumulado en las cuentas individuales a la jubilación hacen el panorama aún más complejo.

Estas condiciones demandan trabajo conjunto, reflexivo y responsable de parte de las instituciones llamadas a orientar cualquier modificación. Por su naturaleza, este es el tipo de reforma que puede tomar largo tiempo en madurar y –mientras haya avances progresivos– eso está bien. Lo que no se debe permitir es que, por ganar réditos políticos, se empujen propuestas improvisadas que carezcan de base técnica y de apoyo político y social. De esas ya hemos tenido demasiado.