Editorial: Salvado por la campaña

El razonamiento es simple. Si al entender de un sector mayoritario de la oposición el ex ministro de Justicia Gustavo Adrianzén merecía una interpelación y eventualmente una censura por la ‘mordaza’ que supuso el proceso disciplinario al que se sometió a la procuradora Julia Príncipe tras haber declarado sobre un caso que involucraba a Nadine Heredia, su abrupta destitución demandaba evidentemente una sanción política aún más severa, si tal cosa existe.

El hecho de que el ministro Adrianzén renunciara inmediatamente después de consumada la destitución, sin embargo, ha dejado hasta el momento este nuevo y más grave atropello sin sanción. En una jugada que aspiraba a ser ingeniosa, el gobierno habría asumido aparentemente que si no había a quién sancionar, no habría tampoco sanción.

Ocurre, no obstante, que la resolución que determinó el licenciamiento de la señora Príncipe lleva varias firmas; y algunas de ellas de rango superior a la del cuestionado ministro. El documento, en efecto, está firmado también por el presidente de la República, el primer ministro y el titular del Interior (de cuyo sector dependía directamente la ahora ex procuradora contra el lavado de activos), quienes comparten solidariamente la autoría de la medida.      

Como se sabe, en casos como este, la Constitución libra de responsabilidad política al mandatario, pero no a los ministros, que deben ser los pararrayos de las llamadas de atención que el Legislativo tenga a bien plantearle al Ejecutivo en cumplimiento de su rol de control político. En coherencia con el razonamiento esbozado líneas arriba, entonces, lo que les correspondería hacer a los sectores antes empeñados en censurar a Adrianzén es, por lo menos, interpelar a los otros dos ministros firmantes de la destitución y ver si sus explicaciones esta vez los convencen.

De hecho, eso es lo que han decidido hacer 24 congresistas –en su mayoría pertenecientes a las bancadas de Concertación Parlamentaria y Dignidad y Democracia–, que han presentado una moción en ese sentido. No han sido de la misma opinión, sin embargo, otros grupos parlamentarios, como el que conforman el PPC y APP, o Fuerza Popular, condenando probablemente la iniciativa a no ser aprobada, pues para ello se necesitarían 33 votos: un gesto político para el que bastarían los votos del fujimorismo (34), actualmente la bancada más numerosa del Parlamento.                  

Todo indica, sin embargo, que eso no va a suceder; y el sustento declarado por los representantes del partido naranja para esta curiosa disposición suya a sancionar el atropello menor –el proceso disciplinario a la procuradora Príncipe– pero no el mayor –su destitución por motivos políticos que colisionan con la lucha contra la corrupción– es revelador. “En estas fechas casi electorales no es conveniente que vayamos a una mayor crispación. Nuestra posición democrática es sostener al gobierno para que entregue el poder al presidente que sea democráticamente elegido”, ha dicho, por ejemplo, el congresista Héctor Becerril, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la organización fujimorista.

Mientras que su compañero de bancada, Alejandro Aguinaga, se ha limitado a señalar que el primer ministro Pedro Cateriano es “una de las pocas reservas democráticas” de esta administración.

El problema, no obstante, da en realidad la impresión de ser otro. Y tendría que ver con el hecho de que si se interpelase y, como consecuencia de ello, se censurase al presidente del Consejo de Ministros, todo el Gabinete caería con él, y la crisis política resultante sería efectivamente mayúscula… Una circunstancia que no le convendría a Fuerza Popular, que está por iniciar una carrera electoral en la que, de acuerdo con las encuestas, lleva una ventaja considerable.

Vamos: si lo que quisieran fuese verdaderamente evitar “una mayor crispación”, no habrían promovido, para empezar, la censura de Adrianzén. Y si la vocación democrática de Cateriano les resultase razón suficiente para no cuestionarlo, no lo habrían interpelado ni cuando era ministro de Defensa.

No es descabellado, entonces, concluir que el fujimorismo está dejando de lado las tareas congresales que los electores le encomendaron en el 2011 para no afectar sus perspectivas presidenciales del 2016. Y que si el primer ministro Cateriano (y de carambola también el ministro del Interior Pérez Guadalupe) se salva de una interpelación que sin duda merece, habrá sido por la proximidad de la campaña.

Mal el gobierno y mal la oposición. Y en el medio está la ciudadanía que espera también el advenimiento de alguna circunstancia salvadora.