Editorial: Una austera en problemas

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán enfrenta una situación cada vez más difícil a raíz de las declaraciones del publicista Valdemir Garreta y del ex directivo de Odebrecht Jorge Barata sobre aportes no declarados a la campaña del No a la revocación. Solo en los últimos días, el Equipo Especial Anticorrupción, a cargo del fiscal Hamilton Castro, ha comprobado la existencia de comunicaciones entre ella y Barata durante el primer trimestre del 2013 y el requerimiento del Ministerio Público para que se le dicte impedimento de salida ha sido aprobado por el Poder Judicial.

Nada de eso, sin embargo, tiene por qué afectar los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa que la asisten, como a cualquier ciudadano, y que quienes ya la tachan de “corrupta” (como, por ejemplo, el congresista Héctor Becerril en las redes) parecen querer ignorar.

Pero así como hay desde ya en torno a ella líneas acusatorias que no se sostienen, se distinguen también entre algunos de sus antiguos colaboradores argumentos que buscarían plantear atenuantes –más morales que legales, es cierto– a una eventual responsabilidad suya si el financiamiento brasileño se probase verdadero.

En general, se trata de observaciones que inciden en su naturaleza ‘austera’ y en lo poco probable que resultaría, en esa medida, que ella hubiese obtenido algún beneficio para su bolsillo a través de los referidos aportes.

“Soy honesta, no me he enriquecido ilícitamente, vivo con austeridad, siempre lo he hecho”, escribió la propia Villarán en su cuenta de Facebook, el 22 de noviembre pasado. Y como haciéndose eco de esa afirmación, la ex regidora metropolitana y hoy congresista Marisa Glave declaró dos días después: “Susana es una mujer que vive de manera austera. Ustedes la pueden ver. Sigue viviendo de esa manera. Yo no creo que ella haya cogido plata para su beneficio personal”.
Y un día más tarde, la ex jefa de campaña del No, Anel Townsend, apuntó también con respecto a la ex alcaldesa: “Es una persona que vive de una manera austera, modesta y que no creo, a priori, que haya, pues, tomado de ese dinero”.

Ninguna de ellas, insistimos, ha sugerido que eso la libraría de responsabilidad completamente, pero es evidente que han deslizado el matiz como si, llegado el caso, pudiese constituir un elemento paliativo o mitigante.

La verdad, no obstante, es que, como decíamos en este Diario el jueves de la semana pasada, no haría falta un solo centavo turbio en el bolsillo de la señora Villarán para hablar de una posible deshonestidad en este contexto. Bastaría que, a fin de obtener un beneficio político como el de superar el intento de revocarla, hubiese mirado para otro lado mientras algún arreglo ilegítimo se estaba produciendo.

No es infrecuente que quienes están comprometidos con una opción política, sea del signo ideológico que fuese, opten por cerrar un ojo frente a prácticas ilegítimas si estas de alguna manera contribuyen a ‘la causa’. ¿Cuántos antiguos nacionalistas, por ejemplo, pueden haber sospechado de los orígenes del dinero con el que se solventaban las campañas de Ollanta Humala en el 2006 y el 2011 y haber guardado silencio porque les parecía que, en el fondo, el fin último de la ‘lucha’ que ese oscuro financiamiento ayudaba a librar era justo? Lo clamoroso de los indicios que se exhibieron al respecto en la prensa en ambas ocasiones sugiere que muchos.

¿Habría ocurrido lo mismo si desde entonces hubiesen tenido la sensación de que ese dinero iba a parar más bien a alforjas privadas? Tal vez no, porque el afán de enriquecimiento personal parece mover a un escándalo mayor que el de beneficio político a través de medios igualmente ilegales.

Y sin embargo, la diferencia no es relevante. Las conductas inmorales no existen solo en el terreno del apetito económico. Se puede ser austero –o austera– y aun así estar en problemas.