Todas las armas

Esta semana, el presidente Pedro Castillo volvió a sufrir otro revés en sus intentos por apartar a quienes vienen investigándolo a él o a su entorno más próximo. Apenas el 11 de octubre, recordemos, el Poder Judicial ordenó reponer a Daniel Soria Luján como procurador general del Estado; un cargo del que fue destituido ilegalmente en febrero luego de denunciar al mandatario por el Caso Puente Tarata III. Y en enero de este año el mismo poder del Estado había desestimado un hábeas corpus presentado por la defensa legal del jefe del Estado que cuestionaba la imparcialidad de la fiscal Norah Córdova, que por entonces comenzaba a investigar los indicios de corrupción en Petro-Perú.

Para ensanchar este recuento, el último lunes la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió archivar las denuncias presentadas contra el coronel Harvey Colchado, uno de los integrantes del grupo policial que viene apoyando al equipo especial del Ministerio Público a cargo de las pesquisas contra los allegados al mandatario. Estas, como se recuerda, eran dos, una presentada por el propio presidente en represalia por el allanamiento en Palacio de Gobierno del pasado 9 de agosto que buscaba detener preliminarmente a su cuñada, Yenifer Paredes, y la otra convenientemente realizada por un ‘ciudadano anónimo’ que recogía un bulo de las redes sociales que algunos voceros oficialistas, como el congresista Pasión Dávila (Bloque Magisterial), venían difundiendo.

Lo resuelto es importante por varias cosas. En primer lugar, porque demuestra que a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por copar la PNP (cuya intención ha quedado clara desde los primeros meses de gobierno) todavía la institución no se ha doblegado ante Castillo y sus adláteres. Y, en segundo lugar, porque ratifica que la denuncia del presidente contra Colchado siempre fue un sinsentido. Y así lo reconoce la propia resolución al advertir que esta “deviene en inconsistente e insubsistente” (sic). Fue, desde el principio, una ‘vendetta’ contra el efectivo policial.

Sin embargo, este archivamiento no significa que la ofensiva del presidente y sus colaboradores contra Colchado y el equipo especial de la PNP haya terminado. Y no lo decimos solamente por las declaraciones del ministro de Trabajo, Alejandro Salas, sobre la posibilidad de que el mandatario recurra “a una segunda instancia” para revertir esta decisión, sino porque existen otras formas en las que el Gobierno podría neutralizar o debilitar el trabajo del coronel y sus compañeros.

La semana pasada, por poner solo un ejemplo, este Diario informó que la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) había decidido mantener el presupuesto de la unidad que lidera Colchado, la División de Búsqueda, un 25% más bajo que el mes previo (el mayor recorte que ha sufrido en los últimos cinco años). Ello, a pesar de que el propio Colchado había enviado una alerta a sus superiores el pasado 12 de octubre sobre lo insuficiente que resultaba el presupuesto asignado para las labores que tiene asignadas su división.

Apenas unos días antes, la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP había emitido un informe señalando que la aparición de Colchado y los otros integrantes del equipo especial en el video a través del que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunciaba la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente Castillo no infringía el reglamento policial. Ello, cuando, según fuentes de este Diario, el Ministerio del Interior buscaba usar esta circunstancia como excusa para separar a los miembros del grupo de sus respectivos cargos.

Ni conviene olvidar la advertencia del abogado de Colchado, Luis Naldos, sobre la inminencia de un pase al retiro preparado por el jefe del Estado contra tres de los cuatro integrantes del equipo especial de la PNP (incluyendo su cliente) en las próximas semanas.

Como se ve, y aun siendo saludable que la PNP haya decidido desestimar la denuncia de Castillo contra Colchado, todavía le quedan armas al Ejecutivo para hacer lo que ha venido haciendo desde que comenzaron las investigaciones en su contra: castigar a quienes toman parte en ellas.