Editorial: Tres en línea

Ayer la titular de Educación, Flor Pablo, asistió al Congreso para responder a un pliego interpelatorio planteado esencialmente por Fuerza Popular (FP), pero respaldado por representantes de varias otras bancadas.

El motivo original de la convocación a la ministra fue, como se sabe, la detección, en un libro para alumnos de tercero de secundaria, de un enlace virtual de contenidos sexuales que han sido considerados inadecuados para jóvenes que se encuentran en esa etapa de su formación moral e intelectual. La ocasión, sin embargo, decidió ser aprovechada por los interpeladores para pedirle también a la responsable del sector en cuestión explicaciones sobre el uso de determinadas expresiones referidas a la lucha contra el terrorismo de las décadas pasadas en otros textos escolares.

Materia para la dinámica de preguntas y respuestas, en consecuencia, había. Y, como se ha señalado en estos días hasta la saciedad, la interpelación a los integrantes del Gabinete es un derecho del que dispone el Legislativo y al que estos deben someterse sin reclamos.

No obstante, la circunstancia de que otros dos titulares de Educación –Jaime Saavedra y Marilú Martens– hubiesen sido ya llevados a igual trance durante este gobierno por la bancada fujimorista y arrastrados a dejar el cargo hizo temer desde el principio que, como en aquellos casos, terminásemos esta vez en un juicio político antes que en un ejercicio democrático de esclarecimiento de legítimas dudas. Los mismos asuntos, después de todo, le podrían haber sido requeridos a la ministra en una estación de preguntas, institución parlamentaria de ribetes menos dramáticos que la interpelación...

Pero no era verosímil que FP y otros sectores de la oposición fueran a optar por esa discreción: como se recuerda, en las anteriores oportunidades, el tema educativo les sirvió básicamente como pretexto para vapulear al Ejecutivo y congraciarse con bolsones del electorado contrarios a la supuesta “ideología de género”.

Al conocerse el pliego interpelatorio, además, la sospecha se vio alimentada por el hecho de que incluía preguntas que, como hemos hecho notar en este Diario, podían ser respondidas con la consulta a información pública de fácil acceso, o que contenían inexactitudes y afirmaciones falsas. Esto último resultaba distinguible sobre todo en las interrogantes que daban por hecho que la expresión “conflicto armado interno” usada en los libros de texto permitía que los terroristas obtuviesen la calificación de presos políticos o que llamar “subversión” en lugar de “terrorismo” a las acciones de las gavillas de Sendero Luminoso o el MRTA les prestaba a sus integrantes argumentos para considerarse prisioneros de guerra, entre otras especies falaces fáciles de rebatir.

La confirmación de que estábamos y estamos asistiendo esencialmente a una nueva puesta en escena del drama que ya hemos visto dos veces, sin embargo, la proveyó el desarrollo de la sesión parlamentaria de ayer. En ella, efectivamente, menudearon las intervenciones que, lejos de buscar despejar incógnitas o establecer responsabilidades en torno al controvertido enlace virtual que dio origen a todo este proceso, aspiraban más bien a la mera resonancia política y al sacudón retórico del Ejecutivo.

La congresista Tamar Arimborgo (FP) dirigiéndose al presidente Vizcarra (en lugar de a la ministra interpelada) para decirle “para mí, su gobierno se llama incapacidad, ineptitud; y su ministerio, para mí, se llama Sodoma y Gomorra”, y el legislador Julio Rosas (Concertación Parlamentaria) sosteniendo que “estamos aquí frente a todo un aparato de gobierno que se ha convertido en promotor y activista de la ideología de género […] comenzando por el presidente, el premier, la ministra” constituyen quizás el ejemplo más transparente de aquello que aquí queremos poner en evidencia. Pero en realidad el sabor general que el pleno de ayer dejó fue el de un juego perverso del que ni el gobierno ni la oposición dan la impresión de querer o poder salir: el de un tres en línea en el que todos pierden; pero nadie tanto como los ciudadanos que, con sus impuestos, sostienen estos vanos e inconducentes enfrentamientos ceremoniales.