Uno y todos los casos

Hay un principio básico de la comunicación masiva. Las personas no nos conmovemos con estadísticas y datos fríos; nos mueven las historias, sobre todo las personales. Por eso, en un contexto de abundantes cifras sobre violencia de género, feminicidios y trata de personas, lo que realmente llamó la atención en el ámbito nacional fue el reciente caso de Gabriela Sevilla.

Como se sabe, Gabriela fue reportada como desaparecida el miércoles pasado. Según se dijo en ese momento, ella se encontraba embarazada y en camino a la Clínica Internacional, a la que nunca llegó. El viernes 21 por la mañana, familiares suyos la localizaron en Villa María del Triunfo y la trasladaron al Hospital Militar de Jesús María. Claudia Dávila, ministra de la Mujer, informó en ese momento que la víctima fue encontrada “sin la bebe” y con “signos de haber sido golpeada”.

Lo que parecía un espantoso caso de trata de personas tomó luego un giro inesperado cuando, a las pocas horas, el ministro del Interior, Willy Huerta, indicó que la mujer no presentaba evidencia de haber estado en situación de embarazo. Posteriormente, el Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal, abonaría lo dicho por el ministro, al señalar que “la joven reportada como desaparecida no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo”. Mientras tanto, Gabriela y su familia insiste en la veracidad de su embarazo.

Al margen de lo acontecido, el riesgo es que un caso tan notorio como el de Gabriela –con sus idas y vueltas– minimice o ponga en duda problemas muy reales de la sociedad peruana. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se han reportado 7.762 casos de desaparición de mujeres en el país. De estas, menos de la mitad fueron encontradas. “Un 68% de notas de alerta por desaparición de mujeres están relacionadas con casos de niñas y adolescentes. Urge que el sistema de justicia se active eficientemente en estos casos”, agregó la entidad la semana pasada.

La agenda para avanzar en la prevención de la violencia contra las mujeres es enorme. Por ejemplo, en la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ), a agosto de este año se había avanzado con ocho distritos judiciales cuando se programaron 34 para el 2022. El Programa Nacional Aurora necesita también fortalecimiento que permita mejorar el seguimiento y evaluación de los casos. La capacitación transversal y efectiva de la PNP para prevenir y resolver situaciones de violencia doméstica o abusos de distinta índole sigue pendiente.

El caso de la semana pasada es lamentable. Pero lo cierto es que, si Gabriela estuvo o no realmente embarazada, ello no cambia en lo más mínimo la problemática nacional alrededor de la violencia de género, la inseguridad para las mujeres en espacios públicos y privados, y la prevalencia de la trata de personas. Por el contrario, debería ser motivo para retomar los esfuerzos de prevención y lucha en contra de aquellas terribles situaciones que no son solo una estadística más, sino un drama personal y familiar del calado más hondo y que la sociedad peruana ha –increíblemente– normalizado.