Editorial: Vacío de horror

Trece líneas de contenido. Es todo lo que presenta el proyecto de ley elaborado por José Palma, congresista de Fuerza Popular (FP), cuyo objetivo es “fomentar la cultura a través de los medios de comunicación social, tanto públicos como privados de preferencia en los programas de horario familiar y de protección al menor”.

Y si bien este es un propósito con el que a priori pocos podrían estar en desacuerdo, lo trascendental de la pieza legislativa –el contenido normativo– está ausente. Los proyectos de ley, ciertamente, no tienen que ser extensos para ser acertados y efectivos, pero cuanto menos deben desarrollar alguna línea de acción básica para alcanzar los objetivos planteados. Sin embargo, más allá de frases como “fomentar la cultura a través de los medios de comunicación social” y un llamado al Ministerio de Cultura para “impulsa[r] de manera efectiva una relación directa con los medios de comunicación públicos y privados”, la moción que aquí comentamos dice poco o nada.

De aprobarse, la iniciativa del señor Palma –firmada también por el vocero titular de FP, Luis Galarreta, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Torres, y el congresista más votado, Kenji Fujimori, entre otros miembros de la bancada naranja– será, en el mejor de los casos, intrascendente y, en el peor, muy peligrosa.

Intrascendente porque el marco normativo que crea es tan vacuo que bien puede carecer de aplicabilidad. ¿O cuáles debemos entender que son, pues, aquellas “acciones administrativas y técnicas más convenientes para fomentar la cultura” que debe emprender el respectivo ministerio? ¿Y qué significa que –ahora sí– es de “interés nacional” promover la cultura en los medios de comunicación? En cualquier caso, ¿se necesita en realidad una ley especial para que el Ministerio de Cultura fomente la cultura?

Y peligrosa porque su imprecisión en relación con las libertades y obligaciones correspondientes a los medios de comunicación –haciendo alusión a ellos– deja espacio para que el vacío pueda ser luego llenado al antojo de ministerios y reguladores, sin mayor control que el que podría ofrecer una ley hueca.

El riesgo que de ello se deriva no es menor. La interpretación práctica de una norma tan vaga sobre el contenido de los medios de comunicación puede ser nociva y llegar a interferir con las libertades y derechos de estos. Así, la poca consistencia de la propuesta se convierte en realidad en su mayor peligro.

El contexto en el que se ha presentado esta iniciativa –que podría dar lugar a un eventual control de contenidos– es, además, el más inoportuno. Hace menos de una semana, la segunda vicepresidenta y congresista oficialista, Mercedes Aráoz, se vio apremiada a reafirmar públicamente su compromiso con la libertad de prensa luego de que algunas de sus declaraciones sobre el tema causaran polémica. En aquella oportunidad, el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski había declarado que se oponía “a cualquier bozal a la prensa, a la televisión y a la radio”, en un esfuerzo por zanjar el tema. Y al día siguiente, el primer ministro, Fernando Zavala, insistía en que el control de contenidos de los medios no era parte del plan de gobierno.

Si el Ejecutivo supo corregirse a tiempo y respaldar la libertad de los medios, el Congreso, lamentablemente, empezó a generar dudas. La labor legislativa en un tema tan sensible como profundo no debería abrir espacios que puedan ser ocupados por decisiones peligrosas.