Editorial: Cada vez más solo

La determinación del chavismo por atornillarse en el poder y la disposición represiva que ello entrañaba estuvieron claras desde el surgimiento de ese fenómeno político para cualquiera que no tuviera un estímulo ideológico para mirar hacia otro lado mientras ese proyecto perverso tomaba forma en Venezuela.

Progresivamente, sin embargo, aquello que comenzó con ataques a la prensa y el acaparamiento de parcelas de poder dio paso a una ola de violencia que ha segado la vida de decenas de personas. En setiembre, por ejemplo, alertamos sobre los casos estremecedores que exponía el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh).

Según Acnudh, de las 124 muertes ocurridas durante los cuatro meses de protestas callejeras (de abril a julio del 2017), al menos 46 fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad y 27 de los colectivos armados afines al régimen. El Acnudh constató, además, que entre ambos fueron responsables de gran parte de los 1.958 heridos; muchos de los cuales “tenían miedo de solicitar atención en los hospitales públicos por temor a ser detenidos”.

Por si esto fuera poco, el documento expone un reguero de abusos por parte de las fuerzas policiales que incluyó allanamientos ilícitos, arrestos ilegales y tratos crueles a detenidos.

Otro informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), de julio, va en la misma línea. Según el texto, 67 manifestantes fueron asesinados “con armas de fuego u otro tipo de proyectil”. El informe recopila casos de tortura y juzgamiento de civiles por delitos tipificados en el Código Militar, como “rebelión” y “traición”. La OEA, además, anota la existencia de un número elevado de presos políticos en el país, número que la ONG Foro Penal Venezolano cifra en 214 (hasta el 31 de diciembre).

Por otro lado, hemos ya señalado la precariedad del sistema judicial venezolano. Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas han advertido que la justicia ha perdido “sus atributos esenciales” al convertirse en “un apéndice” del Ejecutivo.

A esto se suma la caza del policía Óscar Pérez, quien se había declarado en rebelión contra el régimen. Según se observa en los videos subidos por él a las redes sociales, su grupo solicitó el mes pasado su rendición ante los agentes de seguridad. Sin embargo, fueron asesinados. Medios periodísticos revelaron que los cuerpos de Pérez y cinco compañeros tenían marcas de bala en la cabeza, lo que sugiere una ejecución extrajudicial.

Y por si todo esto no bastara, esta semana la CIDH presentó su informe sobre la situación del país en el 2017, en el que no solo remarca la precaria situación de los derechos humanos y la justicia, sino que fustiga fuertemente al Ejecutivo. En el documento, además, la CIDH advierte que el Consejo Nacional Electoral ha perdido su independencia, y exhorta que se tomen medidas para cautelar “los derechos políticos de la población venezolana, sin interferencias”. Esto último, claro está, en evidente referencia a la última imposición del chavismo –que se mantiene hace casi 19 años en el poder, primero con Hugo Chávez y ahora con su heredero, Nicolás Maduro– de celebrar elecciones presidenciales el próximo 22 de abril (y no a fin de año, como se estilaba). Un empeño que luce casi como un trámite, pues el régimen ya se ha asegurado de ir sacando de carrera a los rivales que podrían darle pelea.

Por todo ello, la declaración de anoche del Grupo de Lima, que decidió rechazar la convocatoria electoral de Maduro así como su presencia en la VIII Cumbre de las Américas de abril, dibuja claramente el horizonte aislado al que se dirige la cúpula chavista en el poder.

Más aun si, aunado a esto, consideramos el anuncio realizado por la fiscal de la Corte Penal Internacional el último jueves, en el que se dio a conocer la apertura de investigaciones preliminares en Venezuela por posibles crímenes contra la humanidad.

En fin, lo que muestran los últimos acontecimientos es que la tiranía chavista se va quedando, cada vez, más sola.