El viernes se llevará a cabo la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso. Como ha venido informando este Diario en los últimos días, los partidos que la han conformado en el último año (es decir, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País) tendrían todo acordado para repetir el plato, aunque no necesariamente en el mismo orden. Así, mientras en el fujimorismo la elegida es Patricia Juárez, en APP todavía están deshojando margaritas entre Eduardo Salhuana, José Elías y Alejandro Soto. Y mientras en Avanza País se ha optado por Alejandro Cavero, en el partido del lápiz el escándalo desatado tras la difusión de las conversaciones entre el prófugo Vladimir Cerrón y Kelly Portalatino –por las que la fiscalía ya le ha abierto una investigación a esta última– parecen haber dejado solo tres opciones en el bolo: Waldemar Cerrón, Elizabeth Taipe y Américo Gonza.
A la espera de esas definiciones, sin embargo, existe otra razón por las que los traspasos de parlamentarios entre grupos y la creación de nuevas bancadas ha crecido en las últimas horas (solo el lunes se registraron 10 de estas movidas): el reparto de las presidencias de las 24 comisiones ordinarias que tendrá lugar una vez que la nueva Mesa Directiva se haya instalado. Y, sin embargo, esta actividad ha venido recibiendo muy poca atención, pese a que muchos de los vicios que la ciudadanía detecta en la representación nacional hoy se originan justamente en estos espacios de trabajo.
En teoría, las comisiones deberían ser lugares especializados en los que se analicen los proyectos de ley presentados dependiendo de su temática. De ellos salen los dictámenes que se terminan votando en el pleno y quienes los presiden tienen el poder de elegir qué propuestas priorizar. El riesgo de que caigan en manos equivocadas es alto y lo sabemos.
Por ejemplo, uno de los voceados para ocupar la segunda vicepresidencia del Parlamento es Américo Gonza, cuyo paso como presidente de la Comisión de Justicia dejó un reguero de iniciativas controversiales. Entre estas se cuentan la que modifica la definición del delito de crimen organizado y establece que todo allanamiento debe realizarse con presencia de los investigados y sus abogados (el propio Gonza fue allanado el año pasado por el caso de los ascensos irregulares en la policía), lo que deforma la colaboración eficaz y la ‘ley mordaza’.
La Comisión de Educación, por otro lado, ha estado en la mira del grupo magisterial que llegó al Legislativo aupado por Pedro Castillo. Y, desde allí, han legislado a favor de los intereses de su gremio y en contra de la reforma que buscó introducir la meritocracia en el sector. La de Constitución, asimismo, es clave para las reformas que el país necesita de cara a los próximos comicios (fue justamente su última presidenta, la fujimorista Martha Moyano, la que entrampó la posibilidad de cambiar la Carta Magna para que los condenados no puedan postular, probablemente temiendo que ese cuchillo terminara cortando las aspiraciones de Alberto Fujimori). Y la de Presupuesto suele ser codiciada porque permite repartir dinero a las regiones y municipios.
Es en las comisiones, por otro lado, donde las observaciones técnicas de los entes especializados suelen ser olímpicamente ninguneadas por los parlamentarios. Y presidirlas, además, les otorga a los congresistas la posibilidad de contar con nuevos cupos de trabajo, ya sea para pagar favores o para, como hemos visto en demasiadas ocasiones, mochar el sueldo a los funcionarios a su cargo.
Como se ve, pues, más allá de la Mesa Directiva, la repartición de la presidencia de las comisiones también juega un papel importante en la dinámica parlamentaria y puede terminar definiendo el futuro de este Congreso para los meses siguientes, que serán, además, claves para saber los linderos en los que se enmarcará el próximo proceso electoral. Pongámosle un ojo encima en los próximos días.
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