Editorial: De vuelta al medioevo

EDITORIAL

Probablemente usted haya oído hablar de los “gremios de artesanos” que surgieron en el medioevo. Se trataba de asociaciones de personas que se dedicaban al mismo oficio y que tenían el privilegio legal de poder limitar el número de competidores que existía en cada ciudad y, por lo tanto, la cantidad de artesanos a los que los ciudadanos podían acudir en búsqueda de servicios.

¿Se imagina cómo sería la vida si prácticas similares siguiesen existiendo? Por ejemplo, si el gobierno estableciese un límite máximo de ingenieros u odontólogos que pudieran ejercer en cada región del Perú. O si, digamos, el Estado dictase que solo pueden atender 300 médicos en toda la capital.  O imagínese por un momento que el Congreso mandase que en cada ciudad del país solo pudiese haber un contador por cada 50,000 habitantes. Suena realmente medieval ¿cierto?

Estamos seguros de que las imágenes que deben venir a su mente no son de lo más agradables. Podríamos apostar que usted se está imaginando colas, demoras, mala atención y tarifas exhorbitantes por trabajos relativamente sencillos. Y, probablemente, también esté pensando que se trataría de una situación muy injusta pues ¿por qué el Estado tendría que reservar el acceso a una profesión para tan solo un grupo de privilegiados predestinados? ¿Y por qué debería impedir que entren nuevos competidores que brinden mejores servicios a precios más bajos a los ciudadanos? 

Quizá le sorprenda saber, estimado lector, que en el Perú conservamos un rincón del medioevo en el mundo profesional: la regulación del notariado. Existe un número tope de notarios para cada lugar. Concretamente, cada provincia que cuente con al menos cincuenta mil habitantes debe contar con no menos de dos notarios y por cada cincuenta mil habitantes adicionales se debe crear una plaza adicional. A diferencia de otros países, en el nuestro la ley prohíbe que un estupendo profesional que quiera fundar una nueva notaría pueda hacerlo libremente. Una ley que, por supuesto, es un gran negocio para los notarios, pero uno pésimo para todos los ciudadanos que nos beneficiaríamos de más competencia en este mercado.
Ahora, como si ese extraordinario privilegio legal no fuese suficiente, algunos notarios incluso   buscan obtener beneficios ilegales, saboteando los concursos de las nuevas plazas que están en proceso de creación. Como informó ayer Elizabeth Salazar de nuestra Unidad de Investigación, los colegios de notarios del Callao, San Martín, Piura y Tumbes lograron mediante una argucia judicial frenar el concurso público que viene realizando el Ministerio de Justicia para ampliar el número de notarios en el país. 

La maniobra ilegal con la que obtuvieron este resultado los mencionados “hombres de ley” se conoce como “ruleteo”. Consiste en presentar la misma demanda varias veces en el Poder Judicial con la finalidad de que llegue a distintos juzgados y de que, como quien juega a la ruleta, eventualmente la suerte la lleve a un juez que la ampare. Esta estrategia además, permite evadir el sistema aleatorio de asignación de juzgado y que el demandante lleve el caso al juez de “su preferencia”. Por estas razones, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) prohíbe y sanciona dicha tramposa maniobra.

Así, “ruleteando”, es como los notarios demandantes lograron que la jueza Noemí Nieto amparara su demanda y paralizara el concurso, situación que ya lleva un año para perjuicio de la ciudadanía que, por ejemplo, enfrenta la situación de que en San Martín no haya nuevos notarios desde hace una década y de que en su capital, Tarapoto, el notario Cisneros Olano tenga el monopolio de este servicio.

La OCMA tiene que sancionar esta situación ilegal y el Poder Judicial debe permitir el suspendido concurso. Una vez que lo haga, el Ministerio de Justicia tiene que lograr que se asignen todas las plazas que permita la ley. Y el Congreso, si quiere hacerle más fácil la vida a los peruanos, debe eliminar la ley que limita el número de notarios por región y abrir este servicio, como cualquier otro, a la libre competencia. Salvo, por supuesto, que los congresistas también se sientan cómodos siendo parte del medioevo.