Editorial: Yendo en contra

A estas alturas, resulta poco novedoso hablar del caos que los colectivos y las combis informales desatan en nuestras vías y del poder que concentran y que les permite seguir operando con un barniz de impunidad. Lo que, por el contrario, sí resulta llamativo es escuchar testimonios de primera mano de personas que han visto muy de cerca este circuito que les permite a estas amenazas sobre ruedas seguir actuando sin mayores problemas. Y es por eso que el reportaje publicado esta semana por la campaña #NoTePases de este Diario resulta tan revelador.

Nuestro colega Juan Pablo León ha conseguido el testimonio de al menos cinco agentes de la división de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) que afirman que fueron cambiados por “no colaborar” en los paraderos “de los jefes”. O, en buena cuenta, por hacer bien su trabajo. La labor de estos efectivos consistía en evitar que colectivos y combis que no están autorizados a operar pudieran recoger pasajeros en paraderos con alta demanda y sancionar a los que así lo hicieran. Sin embargo, cuando colocaban las multas comenzaban los problemas para ellos.

“Cuando ponía una papeleta, me llamaba un jefe, [diciéndome] que ‘déjalo’, que ‘es mi amigo’, y resulta que me hacen un informe y me sacan de tránsito aduciendo que yo no me adaptaba al servicio”, contó uno de ellos. Y añadió que le dijeron que, en realidad, lo estaban sacando “porque mucho jodes con los paraderos de los jefes”. Según relataron estos efectivos, existen ciertos paraderos a través de Lima –como Atocongo, Puente Nuevo o puente Alipio Ponce– en los que los colectiveros y las combis informales destinan una cantidad mensual de dinero a los jefes policiales a cambio de que los agentes no interrumpan sus labores. El Comercio visitó durante varios días dichos paraderos y constató que, en efecto, la presencia policial era nula o, en el mejor de los casos, claramente deficiente, y solo se podían ver a inspectores de la ATU. Además, según denunciaron estos policías, la mayoría de las papeletas que imponían no aparecían en el sistema, probablemente porque alguien desde adentro de la institución se encargaba de borrarlas.

Una vez conocidos estos hechos, las respuestas desde la institución policial han sido bastante pobres. Dos noches atrás, por ejemplo, se realizó un operativo en la capital que dejó todo el aroma de un show para tratar de paliar el efecto del reportaje. El miércoles, además, la PNP difundió un comunicado en el que, luego de exhibir como ‘logro’ de la división de tránsito el haber internado a apenas 35 vehículos en lo que va del año y asegurar que su personal “viene cumpliendo a cabalidad” sus funciones, informó que el comando policial le ha pedido a Inspectoría que realice una investigación interna “a fin de poder contrastar la veracidad de la información” difundida. En cuanto al jefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, sobre el que caen las mayores sospechas por esta situación, se ha mantenido en silencio a pesar de que este Diario ha intentado recoger su versión en los últimos días.

Uno no puede dejar de encontrar una cierta ironía en el hecho de que, por un lado, un grupo de agentes denuncie que han sido cambiados a modo de represalia por intentar hacer su trabajo y, por el otro, que una persona como el ahora exministro de Transportes Juan Silva, que se encargó de favorecer precisamente a colectiveros y conductores de empresas coleccionistas de papeletas y que gozó durante siete meses de la protección tanto del presidente Pedro Castillo como de los sucesivos presidentes del Consejo de Ministros y de un grueso de legisladores, se haya despedido en medio de una fiesta el último martes.

Así, en la lucha por intentar sancionar y remover a los malos elementos de nuestras pistas, parece que se castiga a los que tratan de hacer un buen trabajo y, más bien, se premia a los que promueven lo contrario. Y es poco lo que se podrá lograr para cambiar la situación del tránsito en el país mientras nuestras autoridades sigan yendo en contra.