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Si hay una sola bandera que la administración del presidente Martín Vizcarra ha intentado levantar a ojos de la ciudadanía, esa es la lucha contra la corrupción y contra los arreglos bajo la mesa. Desde el destape de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, los sectores de la población que respaldan la labor del presidente lo consideran como un mandatario que se ha enfrentado a los problemas institucionales que aquejan al país. Esta aprobación explica por qué buena parte de los peruanos recibió con satisfacción la disolución del Congreso en setiembre pasado, por ejemplo.
El presidente ha reconocido el capital político que le otorga esta imagen y ha hecho de él su principal herramienta para ejecutar ciertas políticas de Estado, como la reforma al sistema judicial y de partidos. En este espíritu, en su momento apartó del gobierno a ministros que traían un pasivo potencialmente comprometedor para el Ejecutivo. Fue el caso, por ejemplo, de los ministros Carlos Bruce y Salvador Heresi.
No obstante, el reciente caso de Jorge Meléndez, el ahora ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tras renunciar anoche al cargo, desmerece la imagen que ha intentado labrarse el presidente Vizcarra. Como se sabe, el señor Meléndez fue acusado hace dos semanas por la extitular de la Comisión de Ética del Congreso Janet Sánchez de recomendar a la madre de su hijo para trabajar en dicha comisión. Sánchez dijo desconocer el vínculo familiar de Meléndez con su recomendada al momento de la contratación, pues hubiera constituido un conflicto de intereses. Erika Fernández trabajó como auxiliar entre junio y agosto del 2018.
El día de ayer, además, se reveló que un documento fiscal relacionado a la organización criminal Los Cumaleros del Oriente, dedicada al tráfico de madera, incluye una interceptación telefónica en la que se menciona que Meléndez los habría ayudado a dilatar algunos procesos de fiscalización. Más aún, ello se dio a conocer apenas dos días después de que se sindicara al mismo Meléndez como exgerente general y apoderado de Palmas del Huallaga, una empresa sancionada por tala ilegal de árboles.
En defensa de su ministro, sobre la contratación de la madre de su hijo en el Congreso, el presidente Vizcarra ha ensayado una explicación poco convincente: que sin denuncia formal de fiscalía no existiría argumento suficiente para separar a Meléndez, como si la comisión de delitos y las acusaciones formales fueran la valla mínima para la permanencia en un alto cargo del Ejecutivo y no la cualidad moral del ministro (por lo demás, esta línea roja con el Ministerio Público, trazada en esta ocasión por el propio presidente, no fue utilizada en el caso de Salvador Heresi). No se ha emitido aún pronunciamiento respecto de las otras dos acusaciones relacionadas a la tala ilegal, tanto más graves que la anterior. Además, el mismo Meléndez, en entrevista ayer, indicó que el presidente no le había solicitado su renuncia, sino que había sido iniciativa propia.
A estas alturas, queda claro que la imagen de lucha firme contra la corrupción que pretende enarbolar el Ejecutivo, y en particular el presidente Vizcarra, puede verse seriamente mellada si el mandatario no demuestra los mismos reflejos políticos que utilizó en el caso de anteriores ministros cuestionados. Con el difícil escenario político actual –a nivel nacional y regional–, abrirse un flanco de este tipo resulta poco justificable. En lamentable ausencia de otros logros de gestión, comprometer el discurso anticorrupción con prácticas similares al llamado ‘blindaje’ pondría en riesgo el espacio político del Gobierno para avanzar con su agenda durante el año y medio que le resta.
