Por la fuerza antes que por la razón

Un mes atrás, cuando el pleno decidió otorgarle facultades a la Comisión de Justicia para realizar una investigación sumaria contra los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sostuvimos en este Diario que el Congreso estaba actuando “al límite”. Que, aun cuando la Constitución lo faculta a remover a los miembros de dicho órgano por falta grave, difícilmente este calificativo podría calzarles a las imputaciones formuladas en la denuncia de la parlamentaria Patricia Chirinos. Y esto, tratándose de una entidad tan sensible como aquella que tiene entre manos nada menos que el encargo de nombrar, destituir o ratificar a los jueces y fiscales de todo el país, no es asunto menor.

Esta semana, sin embargo, la manera como los integrantes de la referida comisión desestimaron rápidamente las conclusiones elaboradas por la secretaría técnica del grupo y como las reemplazaron a fin de que la denuncia siguiera en pie, ha dejado en claro que los congresistas no tienen interés alguno en evaluar o analizar el tema a fondo. Y la muestra más clara de esto es que decidieron aprobar un informe “con cargo a redacción”; es decir, inexistente en el momento de la votación.

El informe original, sin embargo, sostenía que no había indicios de falta grave en los miembros de la JNJ en ninguno de los cinco hechos por los que han sido denunciados. Estos son, por haber emitido un pronunciamiento pidiéndole reflexión a la representación nacional en torno al proceso que terminó con la remoción de Zoraida Ávalos como fiscal suprema; por haber interpretado la Constitución a fin de favorecer a la magistrada Inés Tello, que ha sobrepasado los 75 años que la Carta Magna establece para integrar la JNJ; por no haber presentado informes anuales al Congreso tal y como lo estipula la legislación vigente; por supuestamente haber presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema se pronunciara a favor de Ávalos en el proceso anteriormente referido; y por presuntamente haber filtrado información del proceso contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la prensa.

En su reemplazo, la Comisión de Justicia decidió votar un nuevo informe que cambia las conclusiones de los tres primeros hechos para tipificarlos como faltas graves. Todo en apenas unas horas y gracias al voto de 15 legisladores provenientes de bancadas tan diversas como Perú Libre, Fuerza Popular, APP, Avanza País, Acción Popular, Perú Bicentenario y Renovación Popular.

Vale mencionar, además, que este es el comportamiento que ha exhibido la representación nacional en tantas otras ocasiones. Ya sea desestimando los informes de la secretaría técnica de la Comisión de Ética para blindar a sus colegas señalados como mochasueldos, para elegir a un personaje cuestionable como defensor del Pueblo o incluso para algo tan rutinario como aprobar leyes, los parlamentarios han demostrado que no tienen interés alguno en escuchar los argumentos técnicos, legales y a veces hasta meramente lógicos, con tal de priorizar sus intereses. Este Diario de hecho ha informado que, de las más de 300 normas aprobadas durante la gestión de José Williams, el 46% salió adelante pese a tener observaciones técnicas. Esto, que ya es grave en sí mismo, se torna peor cuando lo que evalúan los congresistas son asuntos que resultan vitales para el futuro del país.

De paso, al actuar de esta manera, los legisladores han traslucido que su interés es sacar a toda costa a los magistrados de la JNJ y el hecho de que se haya convocado una sesión plenaria para hoy solo abona a esta impresión.

Al final, sin embargo, como escribió Albert Camus, en política son los medios los que justifican el fin y la manera como el Congreso –o un sector mayoritario de este– ha llevado a cabo esta denuncia contra los integrantes de la JNJ hasta el pleno ha dejado en claro que el objetivo es sacarlos porque sí. Esto es, por la fuerza antes que por la razón.