Comisión de Justicia cambia informe para destituir a miembros de la JNJ por causa grave: las claves del nuevo documento

En cuestión de horas, la secretaría técnica de la Comisión de Justicia del Congreso cambió radicalmente las conclusiones de su informe final sobre las acusaciones contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para recomendar destituirlos por presuntas causas graves.

El nuevo informe, que estaba inconcluso cuando se sometió a votación, fue aprobado con 15 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones y pasará a debatirse en el pleno del Congreso.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

En un primer momento, el informe desestimó todas las imputaciones que hizo la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) contra los magistrados Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

No obstante, la mayoría de congresistas que integran la comisión cuestionaron ese documento en una sesión que se inició al mediodía de ayer (miércoles) y se extendió por poco más de dos horas. Por ello, el grupo acordó pasar a cuarto intermedio para modificarlo.

La comisión, presidida por la legisladora Janet Rivas, de Perú Libre, volvió a sesionar a las 8 p.m. del miércoles. A esa hora, un nuevo informe consignó que los integrantes de la JNJ incurrieron en falta grave por interpretar que Tello podía continuar en el cargo a pesar de haber superado los 75 años.

De acuerdo con las principales conclusiones del documento, los magistrados incumplieron el artículo 156 de la Constitución. Este señala que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75.

En el informe anterior, la secretaría técnica había señalado que eso no era una causa grave por tratarse “de un hecho que versa sobre la interpretación de una norma constitucional”.

El documento final también señaló que la JNJ incurrió en causa grave por presuntamente incumplir con presentar un informe anual al pleno del Congreso. Según este, la JNJ lo entregó “de manera no oportuna”.

No obstante, en el informe anterior se señaló que el caso debía ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que debía determinar si hubo infracción constitucional.

En lo que sí coincidieron los dos informes fue en descartar falta grave respecto a la supuesta presión que habrían ejercido los miembros de la JNJ sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que emita un pronunciamiento a favor de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Durante las audiencias por este caso, el propio Arévalo negó haber recibido presiones. Además, cuestionó que el Congreso inicie investigaciones en base a “chismes”.

En tanto, los documentos también coincidieron en que no hay falta grave de la JNJ por exhortar al Congreso a reflexionar sobre el proceso contra Ávalos, quien fue inhabilitada para ejercer la función pública.

También se concluyó que no se puede corroborar una supuesta filtración a IDL Reporteros de un procedimiento disciplinario que sigue la JNJ contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Durante el debate del miércoles, legisladores de Perú Libre y Fuerza Popular se pronunciaron a favor de que se incluyan presuntas faltas graves en pro de una eventual destitución de los miembros de la JNJ.

El congresista Américo Gonza, de Perú Libre, señaló: “Nadie puede estar por encima de la majestad del Congreso”.

En tanto, la legisladora Ruth Luque, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, informó que presentará un informe en minoría.

Luque cuestionó que la presidenta de la comisión no haya defendido el informe original que elaboró la secretaría técnica.

Este fue el escenario a las 2.30 p.m. aproximadamente:

La mayoría de congresistas que integran la Comisión de Justicia del Parlamento, presidida por Janet Rivas (Perú Libre), cuestiona el informe que desestima todas las imputaciones que hizo la legisladora Patricia Chirinos. Ello debido a que el documento solo recomienda que sean exhortados a evitar pronunciarse sobre investigaciones en otros poderes del Estado y traslada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la responsabilidad de investigar las presuntas infracciones a la Carta Magna.

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El grupo de trabajo tuvo un extenso debate del informe que sostiene que no existe falta grave de los integrantes de la JNJ. Tras ello, pasó a cuarto intermedio para que se realicen modificaciones en el texto. La sesión se reanudará a las 8:00 pm.

La iniciativa que presentó Chirinos en agosto busca la destitución de los siete integrantes de esa entidad, a quienes acusa de utilizarla como una “herramienta política”. Se trata de la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y los magistrados Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

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La moción contra la JNJ sostiene cinco presuntas “faltas graves”. Estas son: el comunicado del pleno en el que pidieron al Congreso “reflexionar” su decisión sobre la eventual destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; supuestas presiones al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y a otros jueces supremos para que estos también se pronuncien sobre ese caso; la interpretación de las normas de la junta respecto a la edad máxima para seguir como miembro de la JNJ; la no presentación de sus informes de gestión anuales al Congreso; y la filtración del supuesto sentido de un informe sobre una indagación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

No obstante, el informe indica que Zavala Valladares y Thornberry Villarán no suscribieron el comunicado sobre el caso de Ávalos “por lo que corresponde se archive la investigación, de este punto, con respecto a los mencionados”. Por tanto, la valoración de los hechos solo recaerá sobre Tumialán Pinto, Vásquez Ríos, Ávila Herrera, De la Haza Barrantes y Tello Valcárcel.

Asimismo, en las conclusiones sostiene que “ la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no contó con las prerrogativas de comisión investigadora conforme al artículo 88 del Reglamento del Congreso”. También considera “inadecuado” el comunicado en favor de Zoraida Ávalos, pero subraya que “no significa que sea una causa grave, ya que, no tuvo injerencia alguna” en el proceso que derivó en su inhabilitación.

El informe tampoco halló causa grave respecto a la supuesta intromisión de Antonio Humberto de la Haza Barrantes, Imelda Julia Tumialán Pinto y María Zavala Valladares ante los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor Ávalos.

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También indica que le corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinar si los miembros de la JNJ cometieron infracciones a la Carta Magna. Ello en el marco de las imputaciones sobre la interpretación de las normas de la junta respecto a la edad máxima para seguir como miembro de la JNJ y la no presentación de sus informes de gestión anuales al Congreso.

El documento recomienda que este informe sea aprobado y debatido por el pleno del Congreso y que se “exhorte a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a evitar pronunciarse sobre casos particulares y procesos que son ventilados en el fuero de otro poder del Estado”.

Tras conocerse el informe, la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una nueva moción para encargar otra indagación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así lo anunció en su cuenta de X (antes Twitter).

Este miércoles, antes de que el informe sea debatido, la titular de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, dio cuenta de la nueva iniciativa de Chirinos a los integrantes del grupo de trabajo.

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Legisladores de Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Perú Bicentenario y No Agrupados se mostraron en contra del informe final que desestima las imputaciones contra los miembros de la JNJ.

Héctor Ventura, Patricia Juárez y Martha Moyano, de la bancada naranja, cuestionaron el informe. El primero adelantó que votaría en contra del documento al señalar que “existe una clara intención de proteger” a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En otro momento, se dirigió a la titular de la comisión para cuestionar “la falta de rigurosidad” en la investigación.

Ventura alegó que es claro que hay una magistrada de la JNJ que “ejerce el cargo al margen de la ley”. Agregó que “hubo una falta de respeto a la Constitución” por parte de los integrantes del organismo para “mantener a dicha magistrada”. Por último, mencionó el comunicado que emitieron a favor de Ávalos y la denuncia sobre el caso de Juan Carlos Vicente Cortez “al haber un claro conflicto de intereses”.

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Patricia Juárez (Fuerza Popular) consideró que el informe debía ser modificado con las observaciones hechas por los integrantes. Asimismo, especificar qué es lo que recomienda investigar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Añadió que es grave que el documento diga que la JNJ puede interpretar la Constitución.

A su turno, Martha Moyano expresó: “No podemos tener un informe de esta naturaleza que no dice nada [...] Desde mi punto de vista, sí existió causa grave”.

Por su parte, Flavio Cruz (Perú Libre) pidió que el debate pase a un cuarto intermedio para que se analice y tomen en cuenta los nuevos elementos que han ingresado al Congreso respecto al caso, como la denuncia que hizo Tomás Gálvez el 10 de octubre y la moción presentada por Patricia Chirinos el 17 del mismo mes.

Además, su compañero de bloque, Américo Gonza, sugirió que se pida al pleno la ampliación del plazo para la investigación.

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Se sumó a los cuestionamientos la legisladora María del Carmen Alva (No Agrupados), quien subrayó que el informe no precisa, por ejemplo, las materias que debe investigar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Añadió que la Comisión de Justicia debió concluir que hubo una infracción a la Carta Magna y formular una denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ.

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De otro lado, Alejandro Muñante (Renovación Popular), criticó que se argumente que el comunicado de la JNJ sobre el caso Ávalos “no haya repercutido” en la decisión del Congreso de inhabilitarla y por tanto se diga “que no hay causa grave”. “Considero que es un error porque estamos evaluando el acto mismo”, afirmó.

Su colega de bancada Gladys Echaiz consideró “incorrecto lo afirmado en el informe” cuando indica que la comisión no tiene prerrogativa de comisión investigadora. Asimismo, aseveró que está lleno de “contradicciones”.

“No puede decirse que porque hay una investigación en la subcomisión, nosotros debemos abstenernos de pronunciarnos [...] Estamos en la Comisión de Justicia, donde se supone que conocemos el derecho”, agregó en su dura crítica al informe.

Echaiz también se mostró en contra del argumento de que el comunicado de la JNJ no surtió efecto. “El solo hecho de haber lanzado un comunicado lleva implícito el mensaje, la nota, la injerencia”, sentenció.

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Finalmente, pidió que en el cuarto intermedio se modifique y reformule el documento.

En tanto, Adriana Tudela (Avanza País) dijo que “estamos ante un informe poco serio y riguroso”, “que pasa por agua tibia y evita pronunciarse sobre temas que son sustanciales y para hacerlo utiliza argumentos poco serios”.

“Por ejemplo, cuando se habla de la edad de jubilación de la señora Tello, el informe dice que no se decide si hace una interpretación literal o sistemática de una disposición constitucional que es clarísima, que dice expresamente que para ser miembro de la junta se tiene que ser mayor de 45 y menor de 75 años. La ley estaba preestablecida en la Constitución cuando Tello postuló”, alegó.

Tudela también cuestionó que el informe diga que, como el comunicado a favor de Ávalos no surtió efecto, no hubo falta. “Aquí no estamos determinando si la injerencia por parte de la JNJ fue o no exitosa, estamos determinando si hubo o no injerencia”, apuntó.

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Luis Aragón (Acción Popular) criticó que el informe no haya concluido “en algo concreto”. Indicó que debe quedar claro que este proceso es distinto al que se sigue en la SAC.

Ruth Luque pidió que se respeten los plazos y que se especifique qué tiempo representa el cuarto intermedio. Para la legisladora de Cambio Democrático, esta investigación tiene un “objetivo político”, que es “remover a los miembros de la JNJ”. El parlamentario Pasión Dávila (Bloque Magisterial) recomendó que el informe se vote tal y como está.