Muerte a la junta: segundo round. Crónica de Fernando Vivas sobre el proceso a la JNJ

La declaración de Arévalo fue un refrescante baldazo de agua para los siete jueces que habían sido golpeados en el ring de la Comisión de Justicia. Se cayó uno de los cinco cargos que la moción de Patricia Chirinos postulaba como falta grave. De los otros cuatro que quedaron en pie, dos tambalean bastante. El que acusa a la JNJ de falta por no haber presentado un informe anual al Congreso no reparó en que el informe debía presentarse al pleno y este no convocó a la JNJ. Otro cargo, el de la supuesta filtración a IDL Reporteros de los informes sobre las investigaciones contra la fiscal Patricia Benavides a cargo de la magistrada Inés Tello, se estrella contra la falta de evidencias. Gustavo Gorriti, director del portal, ya adelantó que no se prestará a declarar en lo que llamó “una farsa”. Esta imputación tiene el valor de delatar el sustrato pasional/polarizado de la bronca: la ‘junta caviar’ osó investigar a la heroína de la derecha, Benavides, que procesó al comunista Pedro Castillo.

LEE TAMBIÉN | Congreso pagó más de S/1,4 millones a Alejandro Toledo por pensión

Solo dos cargos quedan en pie. La lista de invitados podemos adivinar que se inclinará hacia quienes respaldan la investigación hasta las últimas consecuencias, pero también habrá de los que se colocan en un punto medio (que puede ser plantear amonestaciones y remoción de algunos de los siete) y habrá de los que deploran que se manosee a la junta. Por ejemplo, conversé con Óscar Urviola, expresidente del TC, y él se coloca en un punto medio. Cree que, al emitir el comunicado pro-Ávalos, la Junta perdió su ecuanimidad de supremo ente que nombra y ratifica a jueces y fiscales, y que eso merece un castigo, pero no está seguro de que este deba ser la remoción.

Con el respaldo doctrinario de opiniones como la de Urviola y otros, ¿la mayoría de la Comisión podría recomendar defenestrar a los siete? No, pues tendrían que excluir a María Zavala y Guillermo Thornberry, que no firmaron el comunicado. La otra imputación de falta grave sí podría involucrar a todos. Se trata de la edad de Inés Tello. Ella interpretó que, aunque la Constitución dijera que se requiere menos de 75 años para ser miembro de la junta, podía quedarse, pues la ley orgánica de la JNJ dice que el mandato dura cinco años. Sin embargo, varios constitucionalistas han sostenido que esa interpretación es errónea. Entre ellos están el ex defensor del Pueblo Walter Gutiérrez y el expresidente del TC Ernesto Blume. Destaco al par pues formó parte de la comisión especial que eligió a Tello y a sus colegas. He conversado con ambos y me han dicho que la eligieron porque tenía 74 años y altas calificaciones, pero que asumieron que cumplidos los 75 se iría y la reemplazaría su suplente. ¿He ahí la falta grave por la cual podrían defenestrarla a ella y a sus colegas que avalaron su permanencia?

La JNJ tomó una precaución. Consultó a Servir, el ente que vigila la calidad de las contrataciones de funcionarios. Servir, que es un ente desarmado, hizo un informe no vinculante en el que interpretó las normas de tal modo que, a su juicio, Tello tenía cinco años de mandato. La JNJ se conformó con eso. Hay quienes dicen que la consulta debió hacerse al TC, pero el tribunal no hace interpretaciones a pedido, sino cuando llegan por la vía de una demanda competencial o un amparo.

La junta tiene, entonces, la excusa del informe de Servir, si la Comisión de Justicia, recogiendo la opinión de expertos, dictamina que leyeron equivocada e interesadamente la normativa. Conversé con una fuente congresal, que observa de cerca el proceso. Cree que las bancadas que votaron por la remoción optarán por individualizar los cargos y harán un dictamen intermedio, que ni pida defenestrar a los siete ni les perdone la vida. Una fuente fujimorista y otra de APP coincidieron al ponerle nombre a un problema común a sus bancadas: “Es que no se puede correr detrás de Patricia”, me dijeron. Se referían al ímpetu de Patricia Chirinos que, apenas conversando con su bancada de Avanza País, se lanza con acusaciones y mociones radicales en las que se dejan arrastrar otras bancadas que tienen más capital político que perder cuando la aventura termina mal. Así pasó en el 2021, cuando Chirinos presentó la primera moción de vacancia contra Castillo y el llamado Bloque Democrático se dio de bruces con la realidad.

Por la endeblez de los cargos y el embate crítico contra el Congreso, el dictamen de Justicia puede ser disminuido (remoción de cinco, sanción a siete o cualquier ecuación intermedia) y el pleno votará uno por uno. Será difícil conseguir 87 votos para defenestrar a una junta que igual se irá en enero del 2025, cuando cada juez cumpla sus cinco años de mandato y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presida la comisión de selección de sus reemplazos. Qué manera de desgastarse en batallas contra el tiempo.