Cifras de espanto

Los datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales del INEI con relación a la situación de la criminalidad en el país recogidos en la edición de ayer de El Comercio son, literalmente, de espanto. No es que no existiera conciencia entre nosotros del alarmante crecimiento de la inseguridad en el país, pero los números puros y duros revelan un cuadro probablemente peor que el que muchos temían.

Durante el 2023, por ejemplo, 5,8 millones de personas mayores de 15 años fueron víctimas de algún hecho delictivo en el espacio urbano del territorio nacional. Esto equivale al 27,1% de ese segmento poblacional y constituye la cifra más alta de los últimos siete años a ese respecto. De esos delitos, por otra parte, el más frecuente ha sido el robo: 3′175.931 ciudadanos lo sufrieron de alguna forma el año pasado, marcando un incremento de la ya grave circunstancia registrada el año anterior. En el 2022, en efecto, los robos fueron 2′643.369. Es decir, estamos hablando de 532.562 robos más en solo un año... Estamos a punto de llegar a los niveles del año previo a la pandemia –el 2019–, en el que el número de robos fue 3′265,898.

Si se analizan las tasas de victimización desde una perspectiva regional, Madre de Dios lidera la lista (22% de la población local ha sido objeto de robo), seguida de cerca por Puno (20,9%), Junín (19,3%) y Tacna (18,8%). Lima Metropolitana está en el séptimo lugar, pero, por densidad poblacional, su 17,1% se traduce en 1,5 millones de víctimas del delito ya mencionado.

A su turno, el bajo índice de denuncias y las razones de que eso sea así representan un problema aparte. Entre noviembre del 2023 y abril del 2024, solo un 16% de quienes han sido afectados por hechos delictivos presentó denuncia sobre lo ocurrido. Y los motivos para dejar de hacerlo son, sobre todo, la sensación de que es una pérdida de tiempo y la desconfianza que inspira la policía. Ante la ausencia de persecución y sanción, el estímulo para la continuidad de la conducta criminal está servido.

La lógica más elemental dictaría, por supuesto, un estado de alarma general entre las autoridades encargadas de la seguridad en el país, pero lamentablemente no es eso lo que sucede. Se detecta, sí, un afán por dar la impresión de que se está atacando la situación, pero una mirada detenida a la reacción del gobierno indica que todo queda en gesto y despliegue aparatoso. Los operativos denominados Amanecer Seguro nos han permitido ver a los titulares de distintas carteras supervisando su puesta en marcha en diversos lugares del territorio nacional, pero en realidad parecen estar asistiendo desconcertados a la ejecución de un supuesto plan de prevención y combate de la criminalidad. A quien le toca tomar cartas en el asunto es al ministro del Interior, Juan José Santiváñez y, sin embargo, él parece más interesado en presentar “balances” de su gestión en los que lo esencial resulta escamoteado. Como se sabe, el que presentó días atrás le puso la puntería a la Diviac, pero desaprovechó la oportunidad de explicar claramente cómo combatir el crimen organizado. Ya es hora de empezar a revertir las cifras de espanto que deja la inseguridad en el país.

Esto es, la voluntad de restarles filo a las investigaciones cercanas a Palacio de Gobierno, por un lado, y de buscar, por otro, un aumento de la aprobación ciudadana a la administración que encabeza la presidenta Boluarte a través de las llamativas, pero escasamente productivas puestas en escena antedichas. Razón de más para reafirmarnos en el espanto que despiertan las cifras de la encuesta del INEI.