Editorial: Línea en la arena

Ayer, Manuel Merino de Lama, otrora titular del Poder Legislativo, asumió la presidencia de la República luego de que Martín Vizcarra fuese vacado por el Congreso la noche del lunes.

Como hemos dicho, es evidente que la oportunidad en la que esta circunstancia se ha desarrollado es harto desafortunada. El país padece una de las pandemias más destructivas de su historia y, junto con ella, una crisis económica que amenaza con revertir muchos de los logros alcanzados por el país en los últimos años. Y a lo anterior se ha sumado la existencia de un Parlamento entregado al aplauso fácil y a la promoción de normas nítidamente populistas.

En los últimos meses, aunque no siempre de la forma más prolija, el Ejecutivo encabezado por el expresidente Martín Vizcarra había supuesto cierta contención para la irresponsabilidad de su contraparte, con la observación y cuestionamiento de medidas que contradecían la prudencia macroeconómica –que por años ha caracterizado al país– y la sensatez política. En ese sentido, una de las principales preocupaciones en torno a la administración que ha inaugurado Merino es que esta, al haber emanado del Congreso, no se preocupe por emplear los frenos que nuestro marco jurídico ofrece para lidiar técnicamente con los despropósitos que puedan darse.

Y esto último sería más que lamentable, especialmente si se considera que existen muchas acciones que deberá o que podrá llevar a cabo el Parlamento que exigirán la existencia de un Gobierno vigilante, ajeno a los humores electorales y desconectado de los intereses subalternos que puedan influir en el Legislativo.

Una de las tareas que tiene ante sí la representación nacional, por ejemplo, es la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Aunque es claro que esta es una competencia que la Constitución les otorga, también lo es que la oportunidad puede ser propicia para elegir tribunos a la medida del populismo que los viene guiando. Ante el número de normas por las que, en los últimos años, el TC ha tenido que enmendarles la plana a nuestros padres de la patria, será vital que el proceso de selección sea celosamente fiscalizado y el gobierno de Merino no puede mantenerse ajeno a ello. De hecho, la Comisión Especial tiene previsto reunirse hoy.

Por otro lado, existe una seria amenaza para la educación, expresada en los intereses que existen en múltiples bancadas vinculados a universidades privadas que no consiguieron una licencia de funcionamiento de la Sunedu. Los golpes a este ente han sido constantes, a través de intentos de crear una comisión que la investigue e incluso propuestas para crearle una especie de segunda instancia, que diluiría su poder. Además, a pesar de los cuestionamientos de múltiples expertos, desde el Parlamento se tiene previsto discutir la creación de hasta 15 universidades sin que estas tengan verdadero sustento técnico; hoy está en agenda la discusión en torno a cinco de ellas. En su momento, el Ejecutivo alzó la voz de protesta contra estos potenciales atropellos, y sería inaceptable que ahora actúe de manera diferente.

Asimismo, el actual Congreso se encuentra camino a emprender una reforma de nuestro sistema previsional. Después de meses de que varios legisladores impulsaran medidas para golpear irresponsablemente los organismos que hoy manejan las pensiones –la ONP y las AFP–, la comisión liderada por la parlamentaria Carmen Omonte parece decidida a instaurar un sistema único administrado por el Estado que desaparezca a los actuales. Como hemos dicho, se trataría de un nuevo y gravísimo despropósito, que un Ministerio de Economía y Finanzas cuerdo haría bien en disuadir.

En suma, el nuevo presidente tiene la obligación de dibujar una línea en la arena con el poder del Estado al que ya no pertenece. Hoy toca asumir el papel de estadista que su investidura reclama. Mucho va a depender de los nombres que compongan el Gabinete Ministerial, que tendrán que ser definidos por criterios técnicos y no por arreglos políticos.

Por su lado, la ciudadanía debe estar pendiente, sobre todo de la realización de las elecciones del próximo año, para que nada, entre hoy y el 11 de abril, amenace un proceso que ahora es más importante que nunca.