Editorial: Más rápido y más furioso

Ayer, se anunció que la Comisión Permanente del Congreso debatirá el proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Mulder en noviembre del año pasado. Este busca prohibir todo tipo de publicidad estatal en medios privados, bajo pena de considerar su contratación como delito de malversación de fondos. A pesar de que, desde entonces, el parlamentario ha defendido su iniciativa, se trata de una propuesta sin mayor justificación. De hecho, la propia exposición de motivos del proyecto –de apenas una página de extensión– es ya señal de la precariedad de los argumentos que lo sustentan.

Como comentamos cuando la iniciativa fue presentada, esta es tremendamente perjudicial para la transparencia y el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Ninguno de los medios de comunicación estatal posee el alcance e impacto que sí tienen los medios privados, por lo que la información que debe difundir el Estado (que puede ir desde una campaña de vacunación hasta las acciones que deben seguirse en caso de emergencias) sencillamente podría no llegar a la población si prosperara el planteamiento del congresista Mulder.

Por otro lado, como bien ha destacado el Consejo de la Prensa Peruana, la iniciativa misma “podría tener el propósito de ejercer presión sobre los medios de comunicación a fin de condicionar su línea editorial”. De hecho, en lugar de desarrollar los criterios para el uso adecuado y fiscalización de los recursos estatales en la contratación de publicidad, previstos en la Ley 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal –paradójicamente promulgada por el ex presidente Alan García–, la propuesta del legislador aprista impide de plano cualquier inversión publicitaria, y restringe sin mayor motivo la libertad de contratación tanto del Estado como de los medios privados.

Teniendo en cuenta lo peligroso de este proyecto para el derecho a la información y la libertad de prensa, causó asombro que la Junta de Portavoces del Congreso haya aprobado este martes exonerarlo del necesario estudio en comisiones parlamentarias y de la exigencia de contar con un dictamen previo antes de que pase a su discusión y votación en la Comisión Permanente.

Este proceso acelerado fue aprobado solo por los voceros de tres bancadas (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y la Célula Parlamentaria Aprista), a pesar de que en todas ellas ha habido voces discordantes. Milagros Salazar, vocera alterna del fujimorismo, manifestó que el proyecto no se debía aprobar en su formulación original y que se requería “de un análisis con cabeza fría, porque no toda la publicidad del Estado es mala, siempre es necesaria, pero si está bien direccionada y si va a tener un impacto en la población”. En similar sentido se pronunció el vocero titular, Daniel Salaverry. Por su parte, César Villanueva (Alianza para el Progreso), indicó a “Perú 21”: “Yo no he respaldado la exoneración de dictamen. No sé en qué momento se ha aprobado”. Y meses atrás, el congresista aprista Jorge del Castillo había expuesto ya su rechazo al proyecto de su correligionario.

Frente a esta tesitura, lo que correspondía entonces era que se archive el proyecto de ley del congresista Mulder y se presente, en todo caso, un nuevo texto, o que este surja como consecuencia del debate en las respectivas comisiones legislativas, y que se procure establecer controles y rendiciones de cuentas adecuados a la inversión estatal publicitaria, mas no vetarla.

Darle un trámite ‘express’ es una pésima señal y demasiado premio para una iniciativa tan nociva como floja.