Editorial: La otra negociación colectiva

Hace un tiempo, el presidente del BCR, Julio Velarde, advertía los riesgos de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) perdiera peso frente a las discusiones legislativas del Congreso. Si la opinión del MEF es menos influyente –reflexionaba Velarde– la posibilidad de aprobar normas inadecuadas o de costo fiscal insostenible sube.

De un tiempo a esta parte, ya no es novedad discutir iniciativas legislativas que ponen en riesgo el equilibrio financiero del Estado y sus instituciones: desde la ley que nivela las pensiones militares y policiales hasta la que aumenta el monto de la compensación por tiempo de servicios (CTS) para trabajadores de Essalud, por ejemplo. En esa línea dispendiosa entra la recientemente aprobada norma que permite aumentos vía negociación colectiva en el sector público. La propuesta, aún a la espera de la firma u observación del Ejecutivo, genera incertidumbre respecto del presupuesto público y socava la reforma meritocrática del servicio civil, como hemos mencionado con anterioridad en estas páginas.

Lamentablemente, tampoco viene siendo novedad que, ante regulaciones controversiales como esta, el mensaje que se percibe desde el Ejecutivo sea poco consistente. En particular, las posiciones del MEF y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no siempre han sido coincidentes. En este caso, Carlos Oliva, titular del MEF, indicó en referencia a la norma sobre negociación colectiva que “es muy probable que nosotros la observemos”, y que su ministerio no está en contra de la negociación colectiva, “pero sí en contra de la manera en que se ha legislado. Hay que hacerlo siempre conservando los principios de la estabilidad económica”.

Por su lado, Christian Sánchez, responsable del MTPE, señaló, apenas dos días después, que “quienes argumentan que toda negociación colectiva de contenido económico irremediablemente, en todos los casos, va a afectar el presupuesto, argumentan con una falacia”, y que “no se puede prohibir la negociación colectiva con contenido salarial en el sector público”. Si bien, otorgando el beneficio de la duda, se pueden encontrar puntos en común en las posiciones de ambos ministros, es claro que el tono y la perspectiva sobre un mismo tema no podrían ser más distintos.

No es la primera vez que esto sucede. Ya a mediados de año, durante el debate sobre la necesidad de ampliar la Ley de Promoción Agraria, el MEF y el MTPE parecían empujar hacia lados opuestos. Mientras la institución que dirige el ministro Sánchez minimizaba los logros de la ley en cuestión y buscaba acotarla, el MEF buscaba profundizarla y expandirla.

En general, si la reforma laboral pendiente en la agenda pública es de por sí complicada, la falta de sintonía en el Ejecutivo la vuelve casi imposible. Porque si el Ejecutivo tiene problemas para alcanzar consensos dentro de sí mismo, ¿cómo esperar que encuentre entendimientos con bancadas y fuerzas políticas opositoras, o que convenza a la población de sus propias iniciativas? Más aún, la disonancia al momento de transmitir un mensaje coherente como Ejecutivo abona precisamente a la preocupación de Julio Velarde y debilita la posición del MEF y demás ministerios en la discusión de política pública. Quizá antes de debatir –o eventualmente observar– la norma sobre aumentos por la vía sindical en el sector público, valdría la pena que el propio Ejecutivo emprenda una negociación colectiva interna y alinee su visión.