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Editorial: El otro Estado empresario

La última guía de salarios del MTPE revela un exceso regulatorio que se suma a los varios anteriores.

Editorial

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“¿Se soluciona realmente ese problema con una obligación que agrega burocracia a un ya sobreburocratizado sector?”. (Foto: Peru.com).

Foto: Peru.com

No hay empresario formal en el Perú que no batalle permanentemente con la frondosa legislación laboral. Más allá de los sobrecostos como las gratificaciones o la CTS, las normas alrededor del sistema laboral resultan agobiantes para compañías grandes y chicas. En un país donde la informalidad laboral es la regla y la formalidad la excepción, cabría suponer que simplificar algunas de las casi 1.400 páginas que contiene la regulación laboral –y que son materialmente imposibles de cumplir simultáneamente aún para grandes empresas con equipos legales y de recursos humanos; ni se hable ya de las pequeñas– debería ser una prioridad para cualquier gobierno.

Y, sin embargo, el esfuerzo del Ejecutivo parece ser el opuesto. La semana pasada, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la “Guía metodológica para la valoración objetiva, sin discriminación de género, de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones”. La extensión y pretensiones del propio nombre de la guía son, por supuesto, un anticipo apropiado del documento al que alude. Si bien la elaboración del manual no es de cumplimiento obligatorio –como sí lo es el cuadro de categorías y funciones que sería su producto final–, esta deja entrever qué es lo que espera el MTPE de la implementación de la Ley 30709, promulgada por el gobierno del presidente Kuczynski.

Según la Resolución Ministerial 145-2019, esta guía complementaria otorga “pautas referenciales a los/las empleadores/as para el desarrollo del proceso de valoración de puestos” (sic) a lo largo de sus 39 páginas. Cabe señalar que este es el segundo manual, pues el primero fue emitido en diciembre del año pasado, pero se consideró que requería mayor detalle. En el documento que llena los vacíos de la primera guía se incluyen disposiciones como la “conformación del equipo de trabajo de igualdad salarial” para todas las empresas –de preferencia con alguien de la alta dirección, personal de recursos humanos y uno o más puestos de las áreas fundamentales del negocio–, una evaluación del “grado de vigor físico, emocional o mental” del trabajo, o la “asignación de los valores en puntos para cada factor y subfactor” que puedan afectar la naturaleza del empleo a calificar.

En julio próximo empezaría la fiscalización sobre el cumplimiento de la referida ley. No cuesta trabajo imaginar la carga burocrática adicional que este proceso supondrá para las grandes empresas –con unidades de recursos humanos dedicados regularmente a cumplir con la normativa del MTPE–. Sí cuesta trabajo imaginar, en cambio, cómo harán las empresas de menor tamaño –que a duras penas pueden cumplir con la complejidad tributaria y laboral actual– para estar en línea con una metodología compleja, antojadiza, y que difícilmente les aporta mayor valor. El requerimiento se sumará, pues, a la retahíla de disposiciones por las que Sunafil y las gerencias regionales de trabajo tienen capacidad sancionatoria: hasta 45 UIT o cierre temporal del local hasta por un año.

Como hemos mencionado en estas páginas en más de una ocasión, la brecha salarial entre hombres y mujeres sí es real y preocupante. Y la discriminación –consciente o inconsciente– es parte estructural del asunto. Ahora, ¿se soluciona realmente ese problema con una obligación que agrega burocracia a un ya sobreburocratizado sector? ¿Pueden realmente competencias como la creatividad, las “condiciones psicológicas”, la capacidad de planificación, o la capacidad de negociación cuantificarse y colocarse en una matriz, como sugiere el MTPE? ¿De verdad tiene información suficiente el Estado, representado en ese momento por el inspector de Sunafil, para determinar cómo, por qué y a quién se deben pagar sueldos en una empresa privada? Más importante aún, ¿hay alguna evidencia internacional de que esta política justifica sus altísimos costos debido a los enormes beneficios que traería?

Lamentablemente, desde hace buen tiempo el gobierno parece haber perdido el norte en cuanto a la promoción de empleo formal se refiere. Las 39 barrocas páginas de la guía metodológica del MTPE son el último testigo de ello.

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