Editorial: Repensando las pensiones

En una democracia de partidos débiles y con ciclos políticos definidos no es fácil emprender reformas sensatas que tengan un horizonte de largo plazo. La prioridad por conseguir resultados antes de la siguiente elección dificulta la toma de decisiones adecuadas sobre políticas que tardan en madurar. Esta miopía se vuelve especialmente grave en sectores o mercados que están atados, por su misma naturaleza, al largo plazo. Y aquí el sistema pensionario es un ejemplo claro.

Hace poco más de una semana, durante una mesa de trabajo en el Congreso de la República, el actual jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Alejandro Arrieta, señaló que él estaba dispuesto a apoyar una reforma que convirtiese su institución en una AFP pública, en vez de un sistema de reparto como el actual. Como se sabe, la principal diferencia entre el esquema de ahorro previsional de las AFP y mecanismos como el que administra la ONP es que mientras el primero se basa en fondos individuales que acumulan intereses en el tiempo –como una cuenta personal de ahorros–, el segundo consolida un fondo común con los aportes de todos los afiliados para cubrir los pagos a los pensionistas. La propuesta del señor Arrieta es que la ONP administre cuentas de capitalización individuales de sus afiliados, como las AFP, pero manteniendo su condición de institución pública.

El planteamiento es ciertamente interesante, sobre todo por la difícil situación en que se halla la ONP. A la fecha, esta no puede hacer frente a todas las obligaciones de pensiones usando solo los aportes de sus afiliados, por lo que debe recurrir al tesoro público. Así, los contribuyentes cubren año a año el déficit de un sistema previsional desfinanciado. Peor aun, ante la condición necesaria de 20 años de aporte mínimo para recibir pensión y la alta informalidad del mercado laboral peruano, más de la mitad de los afiliados no recibe pensión alguna. El sistema, además, se haría insostenible a medida que la población nacional envejece y vive por períodos cada vez más largos.

Estas preocupaciones se hacen menos graves o inexistentes en un sistema de capitalización individual como el de las AFP, pero ello no implica que la conversión de la ONP a AFP pública sea simple. En primer lugar, si los aportes de los afiliados van a su propia cuenta personal, ¿con qué se pagaría a los actuales pensionistas de la ONP? Ese espacio tendría que ser cubierto con transferencias públicas y ello no sería barato. En segundo lugar, ¿cómo se garantizaría que una AFP pública compita en igualdad de condiciones con las AFP privadas? La regulación suele ser más laxa con contrapartes estatales que con sus pares privados, y ello podría ser un impedimento para la mejora del sistema en general.

En tercer lugar, las AFP tienen todavía espacio por mejorar. Las comisiones siguen siendo relativamente altas y los mecanismos de competencia diseñados hasta ahora –como la subasta de nuevos afiliados– parecen no ser suficientes para reducirlas significativamente. La posibilidad de retiro del 95,5% del fondo acumulado a la jubilación, por otro lado, desnaturaliza la esencia de las AFP, convirtiendo el sistema de uno propiamente pensionario –en el que se garantizan transferencias regulares en la vejez a condición de aportes regulares durante el período laboral– en uno de ahorro obligatorio que puede usarse a los 65 años libremente. Estos asuntos trascienden la creación de una AFP pública.

Finalmente, el gran problema del sistema pensionario en general es su baja penetración. Menos del 30% de la PEA hace aportes pensionarios cada mes, y la principal razón es la extendida informalidad del mercado laboral. Mientras ello permanezca así, millones de peruanos seguirán enfrentando la opción de trabajar hasta mucho más allá de la edad de jubilación legal o caer en la pobreza, y las discusiones sobre la reforma previsional seguirán importando solo a una minoría.

Para la gran mayoría, la discusión entre ONP y AFP se torna irrelevante. Después de todo, quizá el largo plazo no sea el único motivo por el que el debate previsional importa poco en la política nacional actual.