Editorial: La reforma inconclusa

Ayer se venció el plazo para que el Congreso aprobase normas de corte electoral que tuviesen vigencia en los comicios del próximo año. Con ello se ha cerrado un ciclo que se inició en el 2018, cuando el presidente Vizcarra propuso una reforma política para procurarle a la ciudadanía una mejor representación en el Ejecutivo y en el Legislativo.

Entre los asuntos que han quedado pendientes, existen ciertamente varios que podrán ser acometidos por este u otro Parlamento en el futuro cercano, pero el eventual resultado de esas nuevas modificaciones solo regirá en los subsiguientes procesos electorales. La ocasión es oportuna, pues, para ensayar un balance de lo sancionado en este terreno hasta el momento.

En esencia, el actual Congreso ha aprobado lo siguiente: la suspensión de las elecciones primarias para evitar el contagio del COVID-19, modificaciones a la ley que establece criterios de paridad y alternancia en materia de género en las listas parlamentarias y en las planchas presidenciales, la creación de un distrito electoral para los peruanos que viven en el exterior al que se le han asignado dos curules (retiradas de las que tenía Lima), el establecimiento del 30 de setiembre como fecha límite para que los nuevos partidos pudiesen inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ratificación del impedimento de los sentenciados en primera instancia para postular a cargos públicos y la posibilidad de que la ONPE acceda a la información de las cuentas bancarias de los partidos.

Entre las materias que no llegaron a ser aprobadas para las próximas elecciones destaca la eliminación del voto preferencial: una medida que cuenta con defensores y detractores, y que, en última instancia, tiene un impacto en la materialización de la paridad y alternancia de género en la conformación congresal que finalmente resulte elegida en cada oportunidad, especialmente en las circunscripciones con más curules.

De cualquier forma, la pregunta central es: ¿basta lo aprobado para garantizarnos una mejor representación política? Y la respuesta, lamentablemente, es negativa. Aparte del problema sobre la paridad y la alternancia ya señalado, las fechas límite para inscripciones no transforman automáticamente a las organizaciones políticas en participantes institucionales en el juego democrático (como hemos visto estos días, solo provocan una carrera anticipada de los aspirantes “independientes” a afiliarse en una de ellas para cumplir con una formalidad que se les exige para poder postular a la presidencia).

Subsisten, además, otros problemas que pocos actores políticos parecen dispuestos a poner seriamente sobre el tapete por la impopularidad que podrían acarrearles, pero que, al permanecer desatendidos, empobrecen justamente la calidad del trabajo parlamentario. Nos referimos, concretamente, a la posibilidad de incrementar el número de congresistas, en general (actualmente cada legislador representa a una enorme cantidad de ciudadanos, lo que dificulta la sintonía entre este y las demandas de sus representados); y a la de restablecer una Cámara Alta (Senado), en particular. Leyes de ínfimo nivel técnico y dictadas por el apetito populista de la mayoría de bancadas –como la que suspendió el pago de los peajes durante la emergencia o la que persigue una “devolución” de los aportes a la ONP a los que contribuyen con ese sistema de pensiones– son muestras clamorosas de lo deficiente que resulta la labor del Congreso bajo las actuales condiciones.

Ninguna de estas observaciones pretende ignorar, desde luego, que el solo hecho de que la reforma política haya sido puesta en agenda –es decir, la admisión de que existían y existen carencias en el sistema de representación que ha funcionado hasta ahora– es positivo. Pero eso no puede quedar aquí.

Confiamos en que los representantes que elijamos en el 2021 para el Ejecutivo y el Legislativo supongan una superación de lo que hemos visto hasta ahora, pero es evidente que la reforma no ha alcanzado el objetivo que se declaró al ponerla en marcha. Se trata, en consecuencia, de una reforma inconclusa, que quienes le tomen la posta a este Parlamento el próximo año deben retomar y redondear.