Editorial: Ni la suma de todos los males

Entre todos los sectores que de un modo u otro han sufrido los desatinos del actual Congreso, sin duda el previsional ha sido el más expuesto a exabruptos populistas. El retiro del 25% de las cuentas de ahorro individual a las pocas semanas de instalados los congresistas fue un primer aviso. A este le siguió la incomprensible propuesta de devolución de los aportes a la ONP y, en las últimas semanas, avanzan los dictámenes para facultar un nuevo retiro de entre 4 UIT y 100% de lo acumulado en las AFP a quienes no hayan aportado por un determinado número de meses.

Todos esos proyectos y leyes, perjudiciales como son, resultan relativamente inocuos comparados al gigantesco daño que podría hacer una reforma integral del sector previsional mal concebida. Como se sabe, la comisión legislativa encargada de proponer modificaciones, encabezada por la congresista Carmen Omonte, ha revelado ya algunos avances sustanciales. Si bien diversos puntos aún están en evaluación, y la comisión ha solicitado una extensión del plazo para presentar sus propuestas finales, el derrotero general parece definido.

Según ha adelantado la congresista Omonte, su comisión propondrá dos cambios estructurales profundos. El primero es la creación de una entidad llamada Organismo Público de Pensiones (OPP), adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y que sería responsable de planificar y gestionar todo el sistema previsional. El OPP tendría a su cargo la afiliación, recaudación, atención a los afiliados, pagos de pensiones, solución de controversias y licitación de los fondos de pensiones. Como es obvio, el OPP sustituiría pues a las actuales ONP y AFP. Estas últimas podrían participar del mercado únicamente como gestoras de inversiones en caso de ganar una licitación.

Esta propuesta no deja de ser preocupante. La consecuencia inmediata es que los afiliados pasan de poder elegir entre cuatro instituciones privadas y una pública a no tener margen de elección. Más aún, hay motivos de sobra para la desconfianza en el sector público. Con muy pocas excepciones, el Estado en general no se ha caracterizado por una gestión eficiente o transparente. Aludir a ejemplos muy puntuales como el Banco Central de Reserva (BCR) para argumentar que la OPP podría también ser técnica e independiente, como ha señalado la congresista Omonte, solo refuerza el punto de que la gran mayoría de entidades estatales no lo son, y una nueva no tendría por qué contarse entre las excepciones. Aun si los fondos previsionales se invierten a través del sector privado, la OPP pondría al alcance del sector público miles de millones de soles de los futuros pensionistas, con las eventuales consecuencias de manejos políticos y corrupción que ello puede implicar.

El segundo cambio estructural es la solidaridad forzosa que se desea imprimir en el sistema a través del llamado Fondo de Riesgo Compartido (FRC). De este modo, una parte del aporte de los afiliados iría a su fondo individual –tal como es hoy–, pero otra se acumularía en una bolsa común de la cual hasta ahora se conoce poco. Sistemas redistributivos de este tipo tendrían como consecuencia un inmediato desincentivo al ahorro previsional. Algunos han sugerido incluso ir un paso más allá y colectivizar los fondos ya acumulados en las AFP, lo cual sería directamente expropiatorio e inmoral.

Con un par de meses por delante aún para madurar las propuestas finales, queda la esperanza de que el grupo de trabajo de la congresista Omonte reciba aportes de instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la SBS y el BCR para mejorar la estructura. Hasta el momento, sin embargo, lo avanzado por la comisión tiene el potencial de hacer muchísimo más daño permanente al sistema previsional peruano que todos los desatinos anteriores sumados.