El lunes, el presidente Martín Vizcarra convocó un referéndum para el próximo 9 de diciembre con la finalidad de que la ciudadanía se pronuncie sobre los cuatro proyectos de reforma constitucional que anunció en su mensaje a la nación. Sin embargo, el mandatario señaló que se opondrá a la propuesta que busca restituir el Parlamento bicameral. “A la cuarta consulta, sobre la bicameralidad, decimos ‘no’, tal y como ha sido propuesto por el Congreso”, dijo.
Según explicó, su negativa se debía a los cambios que había realizado el Congreso tras debatir el planteamiento original del Ejecutivo, relativos a la paridad de género en las listas de postulantes y a la cuestión de confianza. Esta circunstancia generó sorpresa, ya que él mismo se había manifestado a favor de las cuatro reformas apenas horas después de que el pleno las aprobara. “Sí”, respondió el jueves pasado en una entrevista en TV Perú cuando se le preguntó si se sentía satisfecho con lo que había votado el Congreso. Y consultado específicamente sobre los cambios formulados a la cuestión de confianza, el presidente manifestó: “Sí, ha habido cambios. ¿Cambian el concepto de fondo de las propuestas? Creemos que no, por eso las aceptamos”.
A esto se suma que la propia bancada oficialista, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y hasta el primer ministro, César Villanueva, respaldaron el texto final cuando este se aprobó en el pleno el 3 de octubre.
¿Por qué de pronto el presidente le quitó su venia a lo que antes había saludado con entusiasmo? Caben dos interpretaciones. O bien no había leído las leyes aprobadas por el Congreso y, cuando se pronunció públicamente, nadie le había advertido de los cambios. O, efectivamente, estaba enterado de las modificaciones y las aceptó sin estar de acuerdo.
Horas después el mismo Vizcarra intentó despejar las dudas en RPP, abonando a la primera tesis. “Cuando yo estaba en esa entrevista, en ese momento estaban entrando las autógrafas, y comenzamos a revisarlas”, sostuvo. El problema con su argumentación, sin embargo, es que el mandatario sí sabía que el Congreso había introducido ciertas adendas a sus propuestas. El 2 de octubre, por ejemplo, afirmó en entrevista con “Perú 21”: “Para la reforma de bicameralidad, los congresistas quieren incluir los conceptos que han cambiado sobre la cuestión de confianza. Eso nos parece meter el concepto de contrabando, [...] eso es desnaturalizar el proyecto”. Lo que tenemos, entonces, es un presidente que pasa de la conformidad a la disconformidad con una flexibilidad desconcertante.
Visto lo anterior, queda suponer que lo que ha motivado el viraje de Vizcarra no es el súbito conocimiento de los hechos, sino algo más alarmante: un aparente intento por reavivar un clima estéril de confrontación política, un escenario que parece haberle sido ya favorable en su relación con la ciudadanía. Basta recordar, por ejemplo, cómo su aprobación se incrementó luego de proponer el referéndum en julio (una de cuyas aristas es la no reelección de congresistas, que cuenta con un alto nivel de apoyo) o cómo se benefició del mismo efecto tras plantear la cuestión de confianza.
Como era previsible, el retroceso presidencial halló réplica en la oposición. Esta semana, la bancada aprista presentó una iniciativa para retirar del referéndum las reformas relativas a la bicameralidad y a la no reelección de congresistas. Sin embargo, en un arqueo similar al del mandatario, decidieron retirarlo so pretexto de que se presentó “por error”. No hay que ser muy zahorí para notar que, en realidad, los legisladores han aprovechado la grieta abierta por Vizcarra para cuestionar la consulta popular. Así, si lo que procuraba Vizcarra era un retorno al clima hostil, esta es una señal de que no habló en vano.
Nada de esto, por supuesto, debe soslayar el hecho de que ciertos cambios que ha hecho el Congreso son inapropiados. Al fijar límites a la cuestión de confianza, no solo se está distorsionando una herramienta con la que cuenta el Ejecutivo para contrapesar el poder del Legislativo (que puede interpelar y censurar ministros, o vacar al jefe del Estado), sino que además se trata de empujar un cambio cuya constitucionalidad debe resolver prontamente el Tribunal Constitucional.
Si el presidente detectó que el Congreso buscaba emponzoñar la reforma de la bicameralidad con cambios sustanciales, debió objetarlo en su momento. Hacerlo después del hecho solo gatilla nuevas pugnas entre Gobierno y Parlamento, y lo deja ante la ciudadanía como una voz poco coherente.