Editorial: Proposición permanente

De un tiempo a esta parte, la idea de una Asamblea Constituyente que discuta y redacte una nueva Constitución se ha convertido en el mantra de casi toda la izquierda peruana. En una suerte de bandera que ondean cada vez que el Perú atraviesa una coyuntura crítica y que, según nos dicen, conllevaría casi por generación espontánea al nacimiento de un nuevo país saneado de todos los males que hoy nos aquejan. Y en un recurso al que han vuelto a apelar en las últimas semanas de agitación política.

Como hemos dicho antes, tienen ciertamente el derecho de plantear sus propuestas y de, eventualmente, someterlas al voto popular. De eso se trata la democracia. No obstante, ocurre que dicha proposición ya fue llevada a las urnas en el 2016, cuando el Frente Amplio (FA) ofreció en su plan de gobierno “una nueva Constitución Política que exprese un nuevo acuerdo político fundamental”, y recibió el apoyo del 18,7% de la ciudadanía en la primera vuelta.

Desde ese momento, sin embargo, en lugar de encarpetar su idea y esperar para volver a presentarla en los comicios del 2021, las fuerzas de izquierda se abocaron a tratar de empujarla cada vez que el país tambaleaba ante una coyuntura crítica. En otras palabras, la convirtieron en una suerte de proposición permanente.

Así, por ejemplo, durante los días previos a la votación en el Congreso del primer pedido de vacancia contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el legislador Marco Arana aprovechó la situación para sostener: “Que se vayan todos para una nueva Constitución”. Mientras que su colega de bancada Wilbert Rozas aseveraba que la dimisión de Kuczynski debía abrir paso a unas nuevas elecciones presidenciales y, además, a unas “elecciones constituyentes, por la sencilla razón de que la corrupción es fruto de una Constitución que lo permite”, explicaba, connotando que, a su juicio, la corrupción en el Perú se habría inaugurado con la Carta Magna de 1993, y que los gobiernos cobijados por otras constituciones –como la de 1979– fueron un dechado de transparencia y honestidad.

Meses después, cuando el presidente Martín Vizcarra propuso llevar una serie de reformas constitucionales a un referéndum, el señor Arana volvió a la carga y sugirió que el “referéndum propuesto […] incluya también consulta ciudadana sobre una nueva Constitución con convocatoria a una Asamblea Constituyente”.

Y en los últimos días, instalados en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso que desembocó en la disolución de este último, no dejaron pasar la oportunidad para repetir el mismo eslogan: “Tenemos que seguir organizándonos y movilizándonos […] para renovar la política con una nueva Constitución”, escribió la excandidata presidencial Verónika Mendoza el pasado 27 de setiembre, reiterando lo que había dicho unos días antes en una entrevista en “La República” (“el presidente […] puede tomar otra iniciativa, como una Asamblea Constituyente”). La Comisión Política Nacional del FA, por su parte, difundió un comunicado el 1 de octubre en el que hacía un llamado para que “se debata en todo el país una nueva Constitución […] a través de una Asamblea Constituyente”. Mientras que la legisladora de Nuevo Perú Indira Huilca afirmaba en un artículo retóricamente titulado “¿Quién teme a la Asamblea Constituyente?” que “la Constitución del 93 inauguró un sistema en el que los privados siempre ganan y el pueblo y el Estado siempre pierden”. La explicación, empero, de por qué “el pueblo” habría perdido con un modelo que ha permitido sacar a millones de peruanos de la pobreza, incrementar nuestro PBI y triplicar los ingresos por habitante desde su puesta en marcha no nos ha sido dada.

Otro que, desde la misma orilla, ha agitado dicha bandera ha sido el también excandidato presidencial Gregorio Santos, que ha emplazado a “un Congreso que abra camino a un proceso constituyente”.

Habría que notificarles, en fin, que no por tanto repetir una propuesta esta se termina materializando y que, si tan empeñosos lucen en su idea, no tengan reparos en proponerla la próxima vez que toque acudir a las urnas. Pero deslizarla de sopetón cada vez que el país atraviesa turbulencia política solo los hace quedar como meros oportunistas.