Una casa para Gahela Cari

La semana pasada, en una entrevista en Canal N, la excandidata al Congreso Gahela Cari insistió, a tono con sus repetitivos camaradas, en que se debe cambiar la Constitución. “Yo no tengo vivienda y ese es el resultado de esta Constitución”, aseguró esta vez.

Poco después, sin embargo, cuando algunos nos alarmábamos con la imagen de la integrante del movimiento Nuevo Perú a la intemperie, aclaró que renta una habitación y que está al día con sus pagos.

Pero durante la entrevista, Cari expuso con nitidez la fantasía que la izquierda quiere vender con el llamado a una asamblea constituyente. Dijo, por ejemplo, que está “convencida” de que una nueva norma fundamental cambiaría la vida de los peruanos. Y, a partir de su aseveración sobre el acceso a la vivienda, dejó claro que cree que basta con que algo esté escrito en la Constitución para que se materialice en la realidad. Una idea que debería quedar fácilmente descartada por la precariedad de servicios públicos como los de salud y educación que, aunque garantizados en nuestra ley de leyes, funcionan mal para algunos y pésimo para muchos.

Lo que dice la Constitución es una cosa y la capacidad del Estado para cumplir con las obligaciones que esta le impone es otra distinta. Una discusión que hemos abordado antes desde esta columna, cuando nos hemos referido a cómo el sector privado, habilitado por las reglas del capítulo económico de la Carta Magna, ha cumplido con disparar el crecimiento económico en los últimos 20 años y el sector público ha fallado en convertir el aumento del presupuesto público (que creció en más de 400% entre 1999 y el 2020) en obras y servicios eficientes.

Pero, así como algo puede estar descrito como derecho y no reflejarse en la realidad, lo opuesto también es cierto. Si bien el documento no habla de un derecho a la vivienda, sí aclara en el artículo 3 que no descarta ningún derecho vinculado a la “dignidad del hombre”. Y, por eso, el Estado no ha tenido obstáculos, por ejemplo, para crear un Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y para inaugurar programas como Techo Propio, que cumplió 20 años en el 2022 y que cuenta con 489.000 familias beneficiadas.

Además, Cari falla (o miente) cuando responsabiliza a la Constitución de su supuesto desahucio. Cuando la verdad es que las condiciones de las viviendas peruanas han mejorado de manera considerable desde 1993. Gracias, sin lugar a duda, al crecimiento que el modelo económico ha fomentado.

Entre el 2007 y el 2017, según información del último censo, el número de viviendas creció en 33,5%. Y el 76% de estas son propias. Los materiales con los que estas se construyen, además, han mejorado. Si en 1993 solo el 35,7% de las viviendas tenía paredes exteriores de ladrillo o cemento, para el 2017 esta cifra alcanzó el 55,8%. Por otro lado, se ha reducido el empleo de materiales como el adobe y la tapia, así como el uso de calaminas, triplay y esteras (el 3% de viviendas los usa para sus paredes exteriores).

El acceso a la red pública de agua también mejoró entre el 2007 y el 2017: creció en 16 puntos porcentuales. Y el caso es similar cuando se habla de electricidad (14 puntos porcentuales) y desagüe (13 puntos porcentuales).

Pero es innegable que hay mucho por mejorar y que hay problemas serios: del total de viviendas particulares solo el 50,7% cuenta con título de propiedad y más del 90% de la expansión urbana en los últimos 20 años ha sido informal (Grade), lo que limita el acceso de varias urbanizaciones a servicios básicos y desemboca en un crecimiento desordenado de nuestras ciudades.

Pero la situación de las viviendas en el país ha mejorado bajo la Constitución de 1993. Y estamos seguros de que la señora Gahela Cari conseguirá la vivienda que anhela como muchos peruanos lo han hecho: con trabajo duro.