La DINI: una alternativa, por Fernando Rospigliosi

La crisis política que acabó con el premierato de Ana Jara tuvo su origen en las revelaciones periodísticas sobre las operaciones ilegales realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) contra políticos, periodistas, empresarios, etc. 

En su última etapa Jara alcanzó a despedir a algunos de los principales responsables de esas acciones delictivas, pero no llegó a hacer más. La comisión nombrada por el gobierno, además de estar controlada por personas del propio Poder Ejecutivo, no tiene capacidad ni para investigar ni para reorganizar, solo para proponer, al cabo de cinco meses, alguna norma. 

No se ha informado tampoco qué uso se les está dando a los equipos de interceptación adquiridos por la astronómica suma de 55 millones de soles, según reveló “Cuarto poder”.

En resumen, el gobierno podría seguir utilizando la DINI con propósitos políticos y electorales, si es que no se establece algún control efectivo y si es que la oposición no demanda un compromiso explícito y concreto del nuevo premier.

Pero más allá de la coyuntura, hay que pensar qué hacer con la DINI, partiendo de las siguientes premisas:

- Existe una inocultable tendencia de los políticos en el poder a usar políticamente los servicios de inteligencia.

- Eso no solo ocurre en el Perú. En Argentina, luego del escándalo de la muerte del fiscal Alberto Nisman, acaban de disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y han creado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), aunque todo indica que estará tan politizada como antes. La SI reemplazó a la SIDE, que fue disuelta por el uso político e ilegal que se le daba. En Colombia acaba de ser sentenciada María del Pilar Hurtado, jefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por espiar ilegalmente durante el gobierno de Álvaro Uribe. El presidente Juan Manuel Santos disolvió el DAS y creó la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) el 2011. El año pasado la prensa descubrió el operativo Andrómeda de interceptación ilegal. En Panamá detuvieron en enero de este año a los dos jefes de inteligencia del gobierno anterior por espionaje ilegal a opositores. Y podría seguir con otros casos.

- Los controles democráticos institucionales en el Perú y América Latina han demostrado ser poco fiables, por la debilidad institucional, y han sido poco eficaces para limitar o impedir el uso político de los servicios de inteligencia.

- Las amenazas externas han disminuido considerablemente. También las amenazas internas, los movimientos subversivos o revolucionarios.

- La DINI, y antes el CNI y el SIN han aportado poco o nada en inteligencia externa o interna. A los espías los ha descubierto la contrainteligencia de las FF.AA. A los cabecillas terroristas los capturó o eliminó la inteligencia policial.

Entonces, cabe preguntarse: ¿vale la pena dedicar esfuerzos y recursos a mantener un servicio de inteligencia muy grande y bastante costoso que duplique las tareas de los servicios de las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Qué cosa adicional puede aportar un servicio de inteligencia como la DINI a lo que ya hacen las Fuerzas Armadas y la policía? 

Mi respuesta es: en esta situación, no se justifica tener un servicio de inteligencia hipertrofiado, con un enorme presupuesto y mucho personal. Tampoco se justifica tener un servicio de inteligencia que realice operaciones, interceptaciones de comunicaciones, seguimientos, etc. Esas tareas de inteligencia operativa externa e interna, que son desarrolladas por las Fuerzas Armadas y la policía, deberían seguir siendo realizadas por esas instituciones.

El servicio de inteligencia (DINI) debería dedicarse exclusivamente a la inteligencia estratégica, al análisis, cosa que no hacen los otros servicios. Reclutando a profesionales calificados, sería de gran utilidad para el presidente de la República y el Gobierno.
Uno de los aportes de un servicio de inteligencia en la actualidad sería contribuir con la inteligencia estratégica criminal (no investigación criminal, que es tarea policial), dada la amenaza que significa el narcotráfico y el crimen organizado para la seguridad. Sería un servicio de inteligencia que sea órgano rector del sistema, que coordine, oriente y supervise los servicios de las FF.AA. y policía y proporcione inteligencia de calidad a los decisores.

De esta manera también se reducirían considerablemente las oportunidades de los gobernantes para usar la inteligencia con fines políticos.