Doing Business, por Franco Giuffra

A los numerosos escépticos sobre el impacto de la desregulación y la simplificación administrativa en el desarrollo, les recomiendo la lectura del último reporte “Doing Business” del Banco Mundial, cuya edición para el año 2018 acaba de publicarse.

No es un ejercicio de microeconomía libre de inconvenientes. En particular, la posibilidad de establecer condiciones realmente comparables entre países puede criticarse. Así como los parámetros limitados que se utilizan para establecer esa comparación.

En mi experiencia personal, encuentro que las barreras y limitaciones que allí se señalan son una fracción minúscula de los obstáculos que uno encuentra en la vida real.

A pesar de ello, es un esfuerzo monumental suficiente para señalar la relación entre las facilidades para hacer negocios y otros indicadores claves como el empleo, la pobreza y los ingresos.

Lo más divulgado de ese informe suele ser el ránking mundial, que comprende 11 dimensiones (facilidad para abrir un negocio, obtener electricidad, etc.) para un total de 190 países. Lo más enjundioso, sin embargo, son los casos y ejemplos –las “mejores prácticas”– de las iniciativas que se están implementando a nivel global para facilitar la actividad económica.

Incluso si uno quiere obviar la comparación internacional, el informe sirve para hacer seguimiento a la evolución del Perú a través de los años, pues con esta edición del 2018 se cumplen 15 años de publicaciones continuas.

No sorprende, en general, el deterioro que exhiben las condiciones para hacer negocios en el Perú. O su estancamiento. En varias cosas estamos igual y en otras, peor. Nada que un empresario en el país no pueda comentar a título personal.

Lo que sorprende es la inacción y la desidia. Una publicación como esta debería ser el único documento sobre el escritorio de algún funcionario gubernamental con nivel ministerial, para comenzar.

Pero nosotros estamos en casi nada, lamentablemente. Este gobierno arrancó con buen pie, pero no sostuvo el esfuerzo. Los primeros decretos legislativos fueron auspiciosos, pero varios se quedaron en el Congreso o no se reglamentaron.

Desde la PCM, las unidades que trabajan en modernización del Estado parecen desactivadas. El anterior ministro de Economía relanzó un Consejo de Competitividad y Formalización, pero solo sesionó un par de veces. El portal Dime tu Traba sigue ahí, pero flotando; incluso la supuesta “lista de trabas levantadas” no es tal, sino una recopilación de las trabas denunciadas por la ciudadanía.

El único esfuerzo visible en favor de la facilitación de los negocios en el país es el que realiza la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, en el Indecopi. Una labor encomiable pero lentísima, porque tiene que ir de la mano de procedimientos para resolver disputas. Es como una corte que emite sentencias, no un organismo ejecutor.

Todo esto, digamos, a nivel “transversal”. A nivel sectorial, no existen prácticamente iniciativas de ningún sector para reducir, simplificar, abaratar, eliminar requisitos. No se considera algo relevante o glamoroso dedicar esfuerzo para desarmar la maraña.

Es una paradoja que encuentro incomprensible: la guerra contra la sobrerregulación y la complejidad burocrática es un camino probado, como dice el mismo “Doing Business 2018”, en favor de fortalecer al sector privado para que pueda crear empleo, sacar gente de la pobreza y crear oportunidades para prosperar.

Es una dimensión de las políticas públicas que debería ser encarada como una prioridad nacional.