El sabe que aquello de dar una cuestión de confianza por denegada cuando el Pleno del no se ha expresado en ese sentido es ilegal. Esa lectura se la prohíbe la Ley 31355, aprobada por este Parlamento en octubre del año pasado y diseñada para evitar que el Ejecutivo vuelva a asumir ‘denegaciones fácticas’, como lo hizo bajo Martín Vizcarra el 30 de setiembre del 2019 para disolver el Congreso, tras interpretar que “en los hechos” el Legislativo había quemado su segunda ‘bala de plata’.

Tanto sabe el Ejecutivo de lo ilícito de su posición que ha tratado de deshacerse, más de una vez, de la norma que hoy pisotea. La primera, por medio de una frustrada demanda de inconstitucionalidad ante el TC. La segunda, con un amago de cuestión de confianza anunciado a principios de noviembre, declarado improcedente. Nadie busca tumbarse una ley que no cree que tiene que cumplir.

El Ejecutivo quiebra la ley a sabiendas, con contumacia cachosa, y lo hace para ponerse a un paso (o a una interpretación antojadiza más) de disolver el Congreso. Un golpe de estado, en buena cuenta, del que esta administración está dando claro aviso.

La materia, tras la demanda competencial presentada por el Poder Legislativo, tendrá que ser resuelta por el Tribunal Constitucional (TC) y lo más probable es que este falle a favor del Parlamento. Pero más allá de lo que vaya a pasar en el terreno legal, el derrotero tomado por Castillo y compañía deja pocas dudas sobre sus intenciones y es claro que, si ya pasaron por encima de la ley una vez, nada garantiza que no lo volverán a hacer.

El Gobierno sabe que se enfrenta a un Congreso con cifras de aprobación peores a las suyas. Sabe, también, que la capacidad de reacción de la oposición es limitada, al no tener los votos para una vacancia (la moción presentada esta semana por Edward Málaga difícilmente prosperará) y con lo mucho que pueden demorarse en dar frutos medidas como la denuncia constitucional (de las que el régimen colecciona múltiples) Castillo se cree facultado para agitar el avispero porque siente que nadie se lo va a impedir y se anima a hacerlo porque, a estas alturas, con las investigaciones por corrupción que conduce en su contra el Ministerio Público, tiene más que ganar rompiendo las reglas del juego que respetándolas.

El vacío de poder que deja un Parlamento disuelto, además, le permite mucho margen de maniobra al Ejecutivo. En caso prosperase el despropósito montado por Castillo y sus secuaces, podría pasar a legislar por decretos de urgencia, herramientas de las que hizo uso y abuso Martín Vizcarra tras cerrar el Legislativo en el 2019. En manos de una administración aún más desvergonzada y divorciada del orden legal, eso podría suponer la implementación de muchos atropellos y hasta en la imposición, ante la falta de contrapesos, de la asamblea constituyente con la que el Gobierno sueña.

Por el momento, el Gobierno solo va a avanzar hasta donde el Congreso se lo permita. Eso, sin embargo, no es mucho decir frente a un grupo de congresistas que se tropieza con sus propios pies y que quizá no despierte ni para salvar sus salarios. Pero no queda más que hacer votos para que prime la sensatez y se tramite de manera favorable alguno de los recursos que se han planteado para deponer al presidente. La única salida cuando este ha dejado claro que no le tiembla la mano para hacer mal uso de su poder.

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