Fair play, por Enzo Defilippi

Hace unos días, el economista Hugo Ñopo compartió una anécdota en las redes sociales. Contó que una vez tuvo la oportunidad de conversar con Jim Heckman, premio Nobel de Economía. Al contarle que era peruano, Heckman le comentó que del Perú solo conocía a un economista “pero es extraordinario, se llama Jaime Saavedra...”. Ese es el calibre del ministro de Educación que algunos políticos buscan censurar. 

Como ya se sabe, la excusa es un supuesto retraso en la organización de los Juegos Panamericanos. La verdadera razón sería el trabajo de la Sunedu, al cual se oponen dueños de universidades de dudosa calidad y gran influencia en el Congreso. Si bien es cierto que la Ley Universitaria requiere cambios, ello no puede ser excusa para permitir que sigan existiendo universidades que funcionan sobre chifas y casinos. 

Pero antes de buscar responsables por retrasos que aún no ocurren, se debería tomar en cuenta algunas de las deficiencias estructurales del Estado que obstaculizan la organización de cualquier evento de envergadura. En primer lugar, organizar estos juegos requiere el trabajo coordinado de diversos ministerios, la Municipalidad de Lima y varias municipalidades distritales, cada cual con sus propias prioridades. El éxito de las Reuniones Anuales del Banco Mundial del 2015, por ejemplo, se debió, entre otras cosas, a que un ministerio de gran peso, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pudo alinearlas. El reto es mucho mayor desde el Ministerio de Educación.

En segundo lugar, la dificultad para contratar personal calificado, estudios, obras o cualquier cosa que requiera el uso de recursos públicos. El sistema de control del Estado obliga a los funcionarios a demostrar su inocencia, lo que incentiva el formalismo y el uso del precio como variable casi única (la calidad es difícil de argumentar ante la contraloría). Ello hace que contratar en el Estado tome mucho más tiempo que en el sector privado, con resultados bastante menos predecibles. 

Si a todo esto le sumamos la mezquindad de nuestros políticos, entenderemos por qué pocos empresarios (el tipo de gestores que necesitamos) aceptan responsabilidades. El caso de Luis Salazar, ex presidente ad honórem del comité organizador de los juegos (lo que significaba cubrir con su propio dinero algunos viajes en los que nos representaba) y que renunció luego de ser maltratado en el Congreso, ilustra el problema. 

Por cierto, el MEF ha anunciado que se buscaría acelerar la construcción de la infraestructura deportiva haciendo uso de asociaciones público-privadas (APP). Creo que sería un grave error. Si bien las APP tienen muchas ventajas sobre la obra pública, implementarlas toma bastante más tiempo (precisamente, lo que no tenemos). Además, la casuística demuestra que son frecuentes los arbitrajes que retrasan la entrega de las obras. Como la fecha de los Panamericanos es impostergable, el Estado estaría a merced de los concesionarios en caso se produzca un arbitraje. Y hay que hilar fino si la modalidad a utilizar es la de obras por impuestos, un mecanismo diseñado para obras de pequeña envergadura.

En los 36 deportes que se jugarán en los Panamericanos se practicará el Fair Play, es decir, no estarán permitidas las zancadillas, los empujones ni las patadas. No les vendría mal a algunos de nuestros políticos empezar a asimilar este concepto.