La revolución de los servicios

Plagado de pugnas interminables en la cúpula política, en el Perú nunca se termina de tomar en serio que millones de sus habitantes carecen de un acceso decoroso a derechos fundamentales para cualquier persona; una falta que se traduce en una particularmente escasa posibilidad de gozar de servicios básicos. Bien básicos.

Para tener una idea de la magnitud del asunto, es útil poner el foco en el agua potable e Internet en colegios públicos y privados de Piura, Puno y Loreto, tres regiones importantes y diversas del país.

De acuerdo con datos del 2022 de la Unidad de Estadística Educativa (Escale) del Ministerio de Educación (Minedu), el 28% de los colegios de Piura tienen agua potable; de Puno, el 31%; y de Loreto, el 9%. Al 2023, el porcentaje nacional de colegios con agua potable es de 45%: bajo, sí, pero el de las tres regiones mencionadas, bajísimo.

¿Y qué pasa con Internet, en tiempos en los que se habla mañana, tarde y noche de la revolución tecnológica y del impacto de la información digital en la calidad de la educación? El acceso en los colegios de Piura es de 26%; en los de Puno, 31%; y de Loreto, 14%. El porcentaje nacional es de 41%. Lejos de lo ideal, por decir lo mínimo.

En Lima Metropolitana ambos ítems –agua potable y acceso a Internet– presentan una mejor cobertura, aunque sigue siendo baja: el 50% de los colegios tienen agua y el 41% tiene Internet. Ni siquiera en la capital del país hay motivo de orgullo al respecto.

Estamos ante una deuda histórica. Se ha intentado paliarla, sin duda, pero siempre en cuotas demasiado pequeñas. Tampoco es un asunto de fácil solución, ni una meta posible de alcanzar en cinco años de gobierno. Por eso, cancelar esta deuda social con un número tan considerable de ciudadanos exige que el tema se convierta en un objetivo-país. Es un propósito que se cumplirá solo gradualmente y mediando un gran acuerdo nacional, al margen de broncas entre partidos y enemistades entre políticos.

Quienes conocen el sector Educación saben que el reto es complejo: solo para empezar a enfrentarlo hay que tener una voluntad política capaz de persistir durante varios períodos de gobierno, un presupuesto razonablemente mayor, y resolver relaciones de gestión entre ministerios –Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, y Economía y Finanzas–. Todo esto, junto con fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales. Lograrlo sería ya una revolución.

Tomar conciencia de la urgencia de la continuidad de las políticas relacionadas con los servicios básicos, que en el caso del agua potable puede marcar la diferencia entre vivir o morir, sería ya un buen avance. Si se quiere eficacia, no hay otro camino.

¿Cómo seguir hablando de consolidar la democracia y de garantizar una base mínima de equidad si no se cumple con dotar de servicios básicos a tan alto porcentaje de compatriotas? Sería útil monitorear anualmente no solo cuánto sube o baja el producto bruto interno; es necesario revalorar indicadores vinculados a servicios básicos –incluidos los del sector Salud–, y darles el peso político suficiente para que, por ejemplo, cada 28 de julio la población conozca un balance de su avance o estancamiento.

Reparando en el cuadro de la brecha y el déficit de infraestructura, queda clara la forma en que se delinean los distintos sectores sociales. Si vemos cómo se ignora esta realidad y no se prioriza la atención de los requerimientos básicos, comprenderemos por qué persisten los acumulados de malestar y frustración.