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Hace años que un sector de la izquierda chilena intentó sin éxito destruir el sistema privado de pensiones en su país y volver a poner los fondos de retiro en manos del Estado. Tras revisar el sistema, se han hecho reformas que lo fortalecen y otras que son marginales.
Sin embargo –y como en tantos países en meses recientes– en Chile se ha usado la pandemia para justificar medidas demagógicas que poco tienen que ver con atender a la emergencia sanitaria o a la crisis económica que engendró. La oposición propuso y logró el mes pasado una reforma constitucional que permite a los afiliados el retiro del 10% de los fondos de las AFP. La idea es ayudar a la clase media a enfrentar la recesión con el uso de sus propios ahorros.
El problema es que esta reforma tiene un costo excesivo comparado a las alternativas y debilita el ahorro previsional. Que millones de afiliados retiren el 10% implica una reducción en los ahorros y cotizaciones y un aumento en la dependencia en el fisco a la hora de la jubilación. La obligación fiscal es enorme. Según un cálculo del Instituto Libertad y Desarrollo, “el costo fiscal sería del orden de los US$15.000 millones, seis veces más que los recursos que se destinan a los hogares de menores ingresos a través del Programa Ingreso Familiar de Emergencia”. Otro cálculo estima que el costo equivaldría a US$30.000 millones en deuda estatal.
Por eso, numerosos economistas y líderes políticos se opusieron a la medida y apuntaron a soluciones menos costosas y más eficaces de ayudar a la clase media y a los más necesitados. Una manera de lograr esa meta es a través de subsidios y préstamos directos y enfocados. A diferencia de la reforma del 10% que afecta a los trabajadores formales, quienes se beneficiarían de un apoyo fiscal en el futuro, un subsidio o préstamo directo del fisco no sería regresivo, pues se podría destinar independientemente de la condición formal del trabajador.
Con la reforma, los jubilados en el futuro tendrán menores pensiones y el efecto sobre la inversión, los salarios y el empleo será negativo, según Andrés Velasco, ex ministro de hacienda de Michelle Bachelet. Queda claro que debilitar el sistema de las AFP no tiene mayor sustento técnico ni es una política pública bien pensada sino una medida populista que una parte de la izquierda buscó impulsar para erosionar el sistema privado. Por el hecho de que buena parte de la oposición se prestó a esta movida, Velasco afirmó que “hoy queda en evidencia que cuando los moderados imitan a los demagogos, son los demagogos los que ganan”.
¿Qué pasó cuando se aprobó la reforma? Ciertamente se notó un incremento de ventas de televisión, parlantes, equipos de música y demás. Pero según una encuesta de la Universidad de Desarrollo, el 56% de quienes están retirando sus fondos, los invertirán o ahorrarán. Es una buena señal, pero también indica que la reforma no está bien enfocada según sus propios criterios.
Contrario a las expectativas de muchos en la izquierda, sin embargo, el rechazo a la nacionalización de los fondos de pensiones subió notablemente (del 52% al 63%) después de la reforma según una encuesta. También se encontró que aumentó el porcentaje (de 59% a 70%) de quienes dicen que los fondos de pensiones pertenecen a los trabajadores y no a las AFP, como cuenta el relato de la izquierda. Parece que la experiencia de poder usar ahorros propios ha fortalecido el sistema privado. Buena noticia, pero no evitará los continuos ataques demagógicos en el futuro.