Las pensiones y las marchas, por Iván Alonso

Los reclamos de las masas que marchan en Chile y en Colombia son difusos, pero la queja con el sistema privado de pensiones es evidentemente parte de ellos. Se quejan en Chile porque las pensiones son bajas. En Colombia, porque no quieren que aumente la edad de jubilación. Nadie se queja del sistema público. A aquellos que salen a protestar no parece interesarles cuál de los dos es mejor.

Las divagaciones sobre por qué en el Perú no hemos tenido marchas no son más que eso: divagaciones. Que no las hayamos tenido hasta ahora no significa que no las vayamos a tener. Y cuando las tengamos, si es que llegamos a tenerlas, no faltará el reclamo contra el sistema privado de pensiones. Contra el privado, repetimos, y solo contra el privado.

No hay lamentablemente ningún esfuerzo por explicar sus problemas y defenderlo. Los opositores tergiversan, los opinólogos confunden y las AFP no dicen nada. Viene la OCDE y en su infinita sabiduría pontifica que los afiliados al sistema privado deberíamos aportar al sistema público también, que sería como poner un impuesto a los aportes.

Las pensiones son bajas porque vivimos desde hace diez años en un mundo de bajas tasas de interés. La edad de jubilación tiene que aumentar porque, gracias a los avances de la medicina, la expectativa de vida se hace más larga.

Cuando las tasas de interés son bajas, la rentabilidad de las inversiones en bonos y acciones baja también. Es un riesgo inherente a todo sistema de pensiones. Se sabe lo que cada uno aporta mientras trabaja, pero no se sabe cuánto habrá al final para su pensión. Dependerá de la rentabilidad de las inversiones hechas con los aportes. La diferencia fundamental entre el sistema privado y el público no es que en uno haya riesgo y en el otro no, sino quién corre con ese riesgo.

En el sistema privado es el afiliado. Si la rentabilidad a lo largo del tiempo fue buena, el día que se jubile habrá acumulado una suma importante en su fondo y recibirá una pensión proporcional a esa suma. Si la rentabilidad no fue tan buena, su fondo será más chico y su pensión, por lo tanto, más baja.

El sistema público no está exento de riesgo; solo que lo asume el Estado. La pensión depende de los ingresos del jubilado en los últimos años de su vida laboral. Si sus aportes y la rentabilidad acumulada alcanzan o no para financiarla, no es su problema. Es el Estado el que tiene que cubrir ese déficit, y lo cubre con plata que sale de los impuestos.

Naturalmente, el Estado tiene que limitar su exposición al riesgo de alguna manera. Por eso se exige un período mínimo de aportes para que el afiliado tenga derecho a una pensión. ¿Hay algo más cruel que negarle una pensión a quien se quedó corto por uno o tres o seis meses? No. Pero la lógica del sistema público hace inevitable poner un mínimo. Simplemente no es viable solventar con impuestos las pensiones de todos los jubilados, por poco que sea el tiempo que hayan aportado.

Otra incertidumbre con la que tienen que lidiar ambos sistemas es la longevidad. Tarde o temprano, la edad de jubilación tendrá que subir. En el sistema privado, el cambio llegará por el propio interés de los afiliados. Querrán acumular un fondo más grande para recibir la misma pensión durante más tiempo. En el sistema público, el llamado déficit actuarial pondrá cada vez más presión sobre la caja fiscal.