2020: rompan un poco de todo, por Andrés Calderón

Respetando la tradición de esta columna, pasemos revista a los principales peligros que enfrentaron las libertades de expresión y prensa en el Perú durante el último año.

El COVID-19 hizo visibles nuestras debilidades en muchos frentes. Y el desastroso 2020 también hizo mella en nuestras libertades informativas, golpeando de a pocos en diversos frentes. Erosionándolas suavemente.

Poder Ejecutivo: Encerrados en una cuarentena generalizada, el gobierno de Martín Vizcarra suspendió el plazo de atención de las solicitudes de acceso a la información. Luego fue rectificando, pero muchas entidades se escudaron en la imposibilidad del trabajo presencial para no atender las demandas de transparencia de ciudadanos y periodistas. Estos últimos desaparecieron de las conferencias de prensa. Se perdió el valor de las preguntas y repreguntas en vivo (recientemente, Francisco Sagasti enmendó a sus predecesores, para bien). Y para sumar las afrentas, desde los ministerios del Interior y Justicia comunicaron que denunciarían penalmente a quienes difundan noticias falsas sobre el coronavirus. Una medicina muy peligrosa que difícilmente hubiera combatido la enfermedad.

Mención aparte para Manuel Merino, quien, en apenas seis días como mandatario, multiplicó los ataques frontales contra la prensa: su gobierno intentó manipular la cobertura periodística del canal del Estado, TV Perú, como denunció el periodista y entonces gerente general Renzo Mazzei; y reprimió con violencia las marchas que surgieron en noviembre de este año, dejando a varios periodistas heridos.

Poder Judicial: El principal riesgo que enfrentan periodistas e investigadores es el de jueces que siguen admitiendo querellas sin mayor fundamento. Dos casos emblemáticos son los de los periodistas Paola Ugaz y Daniel Yovera, quienes enfrentan procesos penales relacionados con sus respectivas investigaciones de los negocios presuntamente ilícitos de personas y empresas vinculadas con el Sodalicio de Vida Cristiana.

Mientras el mundo vira hacia la despenalización de los delitos contra el honor, en el Perú una ley anacrónica sigue siendo utilizada como principal arma de intimidación contra quienes destapan los abusos del poder.

Poder Legislativo: No solamente con “leyes mordaza” se puede afectar la libertad de expresión. Por ejemplo, en este último año, proliferaron iniciativas que buscaban censurar algunos contenidos en radio y televisión, so pretexto de evitar materiales “violentos”, que afecten “los valores inherentes a la familia” (5213-2020, UPP), “lascivos, de desnudez” (5541-2020, Acción Popular), o que “hipersexualicen” a la persona (5704-2020, Frente Amplio).

Otro proyecto autoriza vagamente a que los fiscales puedan bloquear ciertos sitios web y cortar el servicio de Internet, ¡sin autorización judicial! (5630-2020, Alianza para el Progreso). Tampoco faltaron los que quisieron intervenir en la publicidad estatal, no para mejorar la regulación, sino simplemente para repartir cuotas entre los medios de comunicación como si la pauta publicitaria del Estado fuera un botín (5840-2020, Alianza para el Progreso; 5911-2020, Podemos Perú; 6025-2020, Frepap). Y, como para recordarnos que las malas ideas no tienen fecha de expiración, una iniciativa legislativa propone la colegiación obligatoria para ejercer el periodismo (6813-2020, Acción Popular) y otra la establece como requisito para practicarlo en el sector público (6855-2020, del Colegio de Periodistas del Perú), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya declaró que esa exigencia es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos ¡hace 35 años!

Salvo los desastres naturales, los daños más grandes que sufren los países no caen de improviso. Las catástrofes sociales, económicas, sanitarias, e incluso las democráticas, provienen de sostenidos deterioros a los cimientos que soportan a las naciones.

Las libertades de expresión y prensa siguen vigentes en el Perú, pero durante el 2020 varias autoridades colaboraron en socavarlas de a poquitos.