Linchar a un choro, por Arturo Maldonado

A poco de asumir el cargo, el nuevo director general de la Policía Nacional, teniente general Vicente Romero, debió declarar acerca de los linchamientos y la justicia por propia mano. La pregunta venía motivada porque en Facebook se había creado la página Chapa a tu Choro y Déjalo Paralítico, que a la fecha tiene casi ochenta mil entusiastas. Las noticias nacionales, a su vez, han resaltado en estos días medidas de este tipo para protegerse de la delincuencia. Un caso son las instalaciones para linchar en el cerro El Pino. El mensaje es claro: “Los quemaremos vivos”. Otra noticia resalta la organización de las juntas vecinales en Huancayo, donde, a punta de carteles, pitos y muñecos quemados como advertencia a los ladrones, se trata de paliar el incremento de la delincuencia. Ante esta arremetida, el recién estrenado director de la policía señaló que en un Estado de derecho no pueden permitirse los linchamientos y que los ciudadanos debemos dejar trabajar a sus autoridades.

Sin embargo, muchos ciudadanos, hartos de que las autoridades no estén haciendo su trabajo, aprueban la justicia popular. En el Perú, la aceptación de este tipo de medidas está por encima del promedio de América Latina. Este es un primer ingrediente en el peligroso coctel de la privatización de la justicia. La investigación claramente indica que cuando los ciudadanos tienen una pobre percepción de la policía, principalmente cuando piensan que esta es corrupta, tienen una aprobación mayor a este tipo de medidas. No es novedad así que los carteles mencionen que en estos barrios al ladrón no se lo llevará a la policía y que los vecinos no permitirán que los agentes del orden los rescaten. 

El segundo ingrediente es menos obvio. Para que existan estas medidas de amedrentamiento, se necesita organización social para resolver ese problema de acción colectiva que es la seguridad ciudadana. Es necesario que esta medida sea aprobada por la mayoría de los vecinos, que alguien se encargue de hacer los carteles, de comprar los pitos, de vigilar y de castigar. Es lo que la literatura especializada llama “el lado oscuro del capital social”. Comúnmente, en las ciencias sociales hemos tratado al capital social como algo positivo, que tiende a producir resultados favorables para el sistema político. Sin embargo, este capital social puede acarrear lo opuesto.

En el estudio “Explicando la justicia por propia mano en México”, cuyos resultados pueden extrapolarse a nuestro contexto, Daniel Zizumbo-Colunga encuentra que, en situaciones en que las personas confían más en sus vecinos y poco en la policía, los niveles de aprobación a la justicia popular aumentan y, por lo tanto, quizá crezcan también la tendencia al patrullaje ciudadano y finalmente a la justicia tipo Fuenteovejuna. Es decir, finalmente los linchamientos tienen que ver con una fuerte empatía entre los agredidos y con nula empatía hacia el agresor. 

Acercar a la policía a la comunidad y luchar contra la corrupción intrainstitucional en la policía son tareas de titanes, pero es la única manera en la que, pese a que haya delincuencia en las calles, los ciudadanos prefiramos los canales institucionales de justicia para procesar a los delincuentes. Es necesario que el monopolio del uso de la violencia del Estado no se privatice en cada barrio, porque los peligros inminentes de la justicia popular son los falsos positivos (linchar a un inocente) y que esta se convierta en otro método de ajustes de cuentas y venganzas privadas.