Nos hacemos cargo

¿Cómo abordar una tragedia, como el caso de una violación y asesinato de una menor de edad, cometido por otro menor de edad? Varios medios de comunicación, durante la semana pasada, nos dieron una lección de cómo no hacerlo.

No solo fueron Latina y el Zorro Zupe, aquel infame personaje de un extinto programa televisivo que no tuvo mejor idea que vociferar insultos contra la madre de la menor fallecida. También fueron “ATV noticias” (“Se amaneció en fiesta y dejó a hijas a su suerte”, “Un abandono que le costó la vida a la menor”), Radio Capital (“¡Justicia para Camila! Si en tus manos estaría, ¿perdonarías a la mamá de la niña?”), Exitosa (“¿Adónde te dirigiste? ¿Por qué la dejaste sola?”, un reportero arrinconando a la madre en tono incriminador).

Estos medios – a través de sus periodistas y conductores- atacaron a los deudos de la víctima y banalizaron una tragedia, priorizando el escándalo por encima del dolor humano.

La reacción de diversos comentaristas en redes sociales ha sido de indignación, y con justa razón. Algunos otros, sin embargo, han demandado la intervención del Estado, concretamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pidiendo una sanción para los medios de comunicación y hasta, en algunos casos, que les quiten la autorización de funcionamiento.

Me sorprende la facilidad con la que las personas solemos acudir a alguien más para pedirle que solucione nuestros problemas. Después de todo, el Zorro Zupe, “Válgame”, “El valor de la verdad”, Nicola Porcella (si no lo conoce, lo felicito) y el bajísimo nivel de algunos programas periodísticos en radio y televisión son el reflejo de lo que los peruanos consumimos. Nosotros les damos ráting, les generamos publicidad y los convertimos en productos rentables. Es comprensible el fastidio, pero antes de pedirle ayuda a papá Estado, quizá deberíamos empezar por dejar de consumir ciertos programas que luego llamamos “basura”, o por organizarnos para exigir mayor responsabilidad a los productores de radio y televisión, y a los anunciantes que los financian.

¿No es acaso ese mismo Estado que brinda servicios de salud, educación y justicia deficientes al que le estamos encargando decidir qué señales cortar? ¿No nos damos cuenta de lo terriblemente peligroso que es confiarle a un poder político la capacidad para censurar un medio de comunicación?

Ahora bien, los dueños de los medios de comunicación serían demasiado ingenuos si creen que pueden seguir incurriendo en este tipo de irresponsabilidades y que con un pedido de disculpas o un cambio de conductores alcanza como “control de daños”. Cuando una empresa o una industria falla en implementar mecanismos de autorregulación adecuados y eficaces, se expone al riesgo de un mayor intervencionismo estatal.

El código de ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, por ejemplo, es un cúmulo de principios y buenas intenciones copiados y pegados del código de ética supletorio aprobado por el MTC en el 2006, y que rige para aquellos medios que ni siquiera se tomaron el trabajo de elaborar un código propio. El Pacto de Autorregulación tiene un par de normas adicionales, pero la mayoría de ellas son generalidades que se derivan del cumplimiento básico del ordenamiento jurídico (respetar la intimidad de las personas, no discriminar, no denigrar, etc).

Existe entre nuestros medios locales muy poca preocupación por filtrar y escoger bien a las personas que ponen frente a cámaras o a quienes les dan un micrófono. Tampoco hay suficiente preparación previa o capacitaciones para abordar temas complejos y sensibles con el profesionalismo que estos requieren.

Invertir esfuerzos en mejorar como consumidores, comunicadores y periodistas. De eso se trata hacernos cargo.