Oh no, febrero otra vez, por Enzo Defilippi
Oh no, febrero otra vez, por Enzo Defilippi
Enzo Defilippi

Estamos a un par de semanas del inicio de clases en muchos colegios particulares de Lima, la época del año en la que miles de padres de familia tienen que sumarle a sus labores diarias la de buscar textos escolares por toda la ciudad.

“¿No sería más práctico que el colegio compre todos los libros y nos cargue el costo en las pensiones?”, me preguntó, hace poco, una amiga, luego de visitar una quinta librería sin haber completado su lista. Sí, le respondí. De hecho, algunos lo hacen. “¿Entonces, por qué no obligar a que todos lo hagan?”, me respondió, frustrada, mientras miraba su reloj y decidía si valía la pena ir a la sexta librería del día.

En principio, me opongo a que el Estado obligue a las empresas a hacer algo que no quieren hacer. Eso es innecesario cuando un mercado es competitivo (la gran mayoría lo son), pues la competencia las obliga a invertir en prestar los servicios que la gente está dispuesta a pagar. Pero el mercado en el que participan los colegios particulares está lejos de ser competitivo en el mismo sentido en el que lo son los de restaurantes, hoteles u otros servicios. Es que, una vez matriculado, el costo de cambiar a un niño de colegio es bastante alto en términos de tiempo, dinero y adaptación. Esto hace que los padres nos convirtamos en clientes cautivos, lo que limita seriamente la competencia entre colegios. En una situación así, y en un sector tan importante como el de la educación, está plenamente justificado regular aspectos del servicio que no sería necesario en otros mercados.

Ahora, no es lo mismo que la regulación esté justificada que cualquier regulación esté justificada. Para ello, los beneficios deben ser mayores que los costos. En este caso, es claro que comprar cientos de libros por volumen siempre será más barato que comprarlos uno por uno, especialmente si tomamos en cuenta el tiempo usado en buscarlos (que no es poco, como indica el grado de frustración de mi amiga). Dudo mucho que este ahorro, en términos de tiempo y dinero, sea menor que los costos de almacenamiento, administrativos y financieros que tendrían que incurrir los colegios si se les obliga a hacerlo. Y esta solución sería superior a la actual, que obliga a los padres a participar en la selección de los textos (¿con qué criterios pedagógicos?) para evitar que se les obligue a comprar libros artificialmente caros.

¿Pero por qué se produce esta situación? Por un lado, porque el hecho de tener clientes cautivos hace que los colegios se puedan dar el lujo de no invertir en mejorar diversos aspectos del servicio sin perder clientela (lo que sí ocurre en otros mercados). Por otro, porque no les cuesta nada obligar a los padres a comprar los textos, y así hacer que las pensiones parezcan más bajas que lo que serían si ellos se encargasen de comprarlos.

Yo apoyaría una ley así. No tiene sentido obligar a miles de padres de familia a malgastar su tiempo buscando libros cuando es más conveniente para todos que el colegio los compre directamente. Que algún congresista se ponga las pilas.