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Hay dos temas de los que siempre hablamos los limeños. Uno, el bueno, la comida. El otro, el feo, el tráfico. Y se entiende por qué. Llegar de un sitio al otro de la ciudad toma cada vez más tiempo. A algunos, llegar a su trabajo les toma hasta dos horas, lo que implica dedicarle al transporte media jornada laboral al día. Eso, como sociedad, nos sale carísimo.
Aunque suene contraintuitivo, la congestión no se debe a que haya demasiados autos en la ciudad. Como señala un estudio de la CAF, en el 2011 la tasa de motorización en Lima era de 108 vehículos por cada 10.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. En Santiago era 172 y en Buenos Aires, 335 (las cifras pueden haber cambiado pero no creo que mucho). El problema, como señala un especialista, es que el 80% de los autos circula por el 20% de las vías. Y ello se debe a una mala planificación de la ciudad. Por un lado, porque gran parte de los trabajos, centros de estudios y tiendas se concentran en pocos distritos ubicados en medio de la ciudad. Por otro, porque las pocas vías que los conectan con la periferia no tienen capacidad para soportar el tráfico que generan. Congestión, esos son tus padres.
La solución es compleja porque requiere dinero (que no nos sobra), pero no solo eso. Se necesita, sobre todo, de un Estado que funcione. Y eso es más difícil que encontrar el dinero.
Para empezar, necesitamos solucionar el problema de coordinación entre las autoridades. Hoy, las competencias de regulación y gestión estás distribuidas entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad de Lima, el Gobierno Regional del Callao y las municipales distritales. La policía se encarga (o mejor dicho, debería encargarse) del ‘enforcement’. En segundo lugar, es necesario hacer una reingeniería completa del sistema, desde cómo se obtiene la licencia de conducir hasta quién y en qué condiciones puede transportar carga y pasajeros. El transporte público tiene que estar completamente integrado y las rutas rediseñadas desde cero. El número de taxis debe ser solo el que se necesita y su regulación, homogénea en toda la ciudad. En tercer lugar, y creo que esto es lo más difícil, necesitamos crear un sistema que garantice que las normas se cumplan. Nada de esto es fácil, por supuesto, pero tampoco imposible.
También se requiere dinero. Mucho dinero. Cada línea de metro cuesta unos US$5 mil millones (y necesitamos cuatro más). El anillo vial periférico, US$2 mil millones. La autopista Nueva Panamericana, que uniría San Bartolo y Ancón sin pasar por Lima, unos US$500 millones. Un sistema integrado de semáforos, US$300 millones más. Según los especialistas, necesitamos todas estas obras. Y si bien construirlas mediante asociaciones público privadas permitiría financiarlas a plazos razonables, la caja fiscal no da para mucho más. Hasta hace poco, con una recaudación mayor a la que tenemos hoy, solo podíamos pagar una línea de metro a la vez. Eso no va a cambiar. El resto quizás se podrá acomodar sacrificando proyectos menos importantes.
La única ventaja de estar tan mal es que ello permite hacer reformas radicales que de otra manera serían imposibles. El sistema de transporte requiere una. Es la oportunidad de hacerlo.
