Perú: varios territorios en peligro

El riesgo de que el Perú, como otros países de la región, pueda ser copado por mafias vinculadas a las economías ilegales no es una hipótesis sobre un peligro futuro, sino una realidad acuciante. Se percibe en Lima, como también en regiones.

En el 2020, Ricardo León informaba que la provincia del Putumayo (Loreto), región fronteriza entre el Perú y Colombia, se había convertido en un hervidero de disputas entre organizaciones criminales: “es una estrecha franja que se extiende en paralelo a la frontera con Colombia, cuyo límite natural es el río Putumayo. Allí, en esos 1.500 kilómetros de frontera, grupos armados extranjeros ligados al narcotráfico mantienen una larga y cruenta disputa por el dominio territorial y fluvial” (El Comercio, 2020).

El control del Estado Peruano en esta región es extraordinariamente precario. Se trata, además, de una región clave porque vincula en diferentes tramos al Perú con Colombia, así como con Ecuador y Brasil. En la zona ya hay grupos ilegales colombianos, pero también cárteles mexicanos y brasileños. Para enfrentarlos, urge una estrecha colaboración multinacional.

Las amenazas no terminan en el Putumayo: otras fronteras sufren amenazas similares del narcotráfico y de la minería o la tala ilegales. Las comunidades indígenas son las que más resisten los embates directos sobre sus territorios y contra la libertad y seguridad de sus ciudadanos. En mayo del 2023, un equipo de periodistas de Mongabay Latam recorrió las fronteras del Perú con Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador y constató una situación preocupante. En la frontera Perú-Bolivia, la minería ilegal ha invadido la quebrada Palma Real, en la Reserva Nacional Tambopata. En la frontera Perú-Ecuador, en el río Cenepa, se han asentado explotaciones ilegales de oro, con decenas de dragas que contaminan ríos, dividen a la población de la zona y crean un clima de violencia. En la frontera Perú-Brasil, el “narcotráfico, invasiones, caza ilegal y violencia tienen en peligro a las comunidades indígenas de Ucayali”.

Si en algunos puntos de las fronteras el coctel entre la minería ilegal –cada vez más activa y prepotente–, el narcotráfico y los cárteles son factores de violencia, depredación e intimidación contra poblaciones, la situación se replica, con particularidades, en otras regiones del territorio, como en provincias de La Libertad, Arequipa, el norte de Puno y Apurímac.

Un ejemplo muy preocupante se encuentra en Pataz, provincia de La Libertad, donde la minería ilegal del oro se ha expandido de manera agresiva y amenaza a la minería formal y a los mineros artesanales. La minera Poderosa, en un comunicado del 10 de julio, informaba: “En los últimos cinco años, el distrito de Pataz ha sido invadido por delincuentes peruanos y extranjeros aliados a mineros ilegales con el objetivo de controlar las operaciones mineras en nuestra localidad”. Esta simbiosis entre minería ilegal y delincuencia organizada configura una alerta particular.

Es urgente, pues, una estrategia nacional y no solo aplicar medidas aisladas. Algunos componentes indispensables podrían ser los siguientes: 1) movilización y apoyo a la población afectada, ganándola como aliada; 2) apoyo a los pequeños productores agropecuarios, bloqueando su reclutamiento por la minería ilegal y el narcotráfico; 3) un diagnóstico nacional serio, no rocambolesco, de la situación; 4) participación de la Policía Nacional, usando la fuerza de manera proporcional; 5) respeto a los derechos humanos; 6) trabajo serio de inteligencia; y 7) cooperación más estrecha entre los cuatro países vecinos involucrados, como parte de una estrategia integral de seguridad nacional democrática.