Tu proyecto no me gusta, matatirutirulá, por Iván Alonso

Un breve comentario periodístico del ministro Milton von Hesse aparecido esta semana llama la atención sobre un serio problema con el planeamiento y la ejecución de la inversión de los gobiernos locales y regionales. “Este es un año particular porque es el primer año de gobierno de las autoridades subnacionales”, ha dicho, y resulta que las nuevas autoridades “despriorizaron [sic] algunos proyectos porque eran de gobernantes anteriores”. Personalmente, hemos sospechado desde hace algún tiempo que ese problema existía, pero nos faltaban datos para corroborarlo. Cabe suponer que el ministro los tiene.

El problema no es solamente que la inversión de los gobiernos subnacionales se haya caído en picada en lo que va del año. Más importante aún es la falta de continuidad institucional. El gobierno entrante no puede desentenderse así nomás de los proyectos incoados por el gobierno saliente.

Los proyectos de inversión pública pasan por una evaluación en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que puede ser más o menos rigurosa, pero que tiene la finalidad de determinar si los costos están justificados por los beneficios. A veces los proyectos son exonerados de la evaluación porque la inversión no es muy grande; otras veces, por razones políticas. Pero suponiendo que hayan pasado por ese filtro, a iniciativa de un gobierno local o regional, no deberían dejar de ejecutarse simplemente porque las nuevas autoridades lleguen con sus propias prioridades.

Una forma de introducir esa disciplina en el proceso de inversión pública sería obligar a los gobiernos subnacionales a ejecutar sus proyectos en el orden en el que fueron aprobados: no liberarles las partidas presupuestales para los nuevos proyectos si no han avanzado con los más antiguos.

Una regla de ejecución por estricto orden de aprobación sería demasiado rígida, sin embargo, y quizá hasta peligrosa. Demasiado rígida porque puede haber circunstancias en las que un proyecto previamente aprobado deje de ser una buena idea. Un cambio en las condiciones económicas o sociales que altere el balance de costos y beneficios puede hacer que la justificación del proyecto se pierda. La mejor decisión en ese momento sería descartarlo o suspenderlo y hacer que toda la cola de proyectos que viene detrás avance, si las nuevas autoridades pudieran demostrar que ese es el caso.

Pero este camino no es ni debería ser fácil, lo cual entraña el peligro de que un gobierno hiperactivo deje aprobada una lista interminable de proyectos y pretenda, de esa manera, seguir gobernando indirectamente per secula seculorum. Para que las nuevas autoridades no queden atadas de manos, la obligación de ejecutar los proyectos formulados por sus antecesores tendría que expirar en algún momento: a los tantos años de iniciado el período de gobierno, por ejemplo, o una vez ejecutada cierta cantidad de inversiones.

La falta de continuidad en los planes de inversión pública es un gran desperdicio para el país. Se hace trabajar por gusto a la siempre escasa gente calificada, tanto en regiones y municipios como en el SNIP, elaborando y analizando proyectos que pasarán al olvido. No decimos que la solución esbozada sea la única ni necesariamente la más efectiva. Quién sabe el ministro Von Hesse, que es quien ha puesto de manifiesto el problema, quiera encargarse de buscarla.