Algo tiene que cambiar, por Carlos Meléndez

La política puede entenderse de dos maneras. Una en la que las razones de Estado priman sobre las personales, las antipatías y rivalidades frívolas, pues su fin último es el bien común. La otra, politiquera, consiste en la imposición de intereses particulares entre las razones de Estado, lo cual conduce al feudo de las maniobras cortoplacistas. La tiranía del vasallaje y el avasallamiento, la del “sal tú para ponerme yo”. Mientras la primera es convocante y portentosa, la segunda es sectaria y ordinaria.

Considerando estas visiones, ¿cuál cree usted, estimado lector, que corresponde al desempeño del primer año del gobierno de Martín Vizcarra? ¿Le parece dialogante, amplio, plural, meritocrático? ¿O lo cree con débil convocatoria, azuzador de enfrentamientos, de miras cortas y desempeños magros? En mi opinión, esta administración continúa empleando las viejas tácticas que no nos han llevado a ninguna parte como país. Es por ello que aunque ‘nuevos’ actores se arroguen la renovación de la política, no hay reforma política que pueda transformar esas almas.

Cierto es que hasta el momento no se han encontrado ni ‘faenones’ ni ‘cajas 2’, lo cual respalda la ‘autoridad moral para señalar a los corruptos’ manifestada por Vizcarra. Incluso, el presidente ha tenido la lucidez de eliminar la designación de embajadores políticos. Pero ello no anula la existencia de prácticas prebendistas y de laxitud frente a conflictos de intereses. Por ejemplo, los honorarios PAC (profesionales de alta calificación) pueden rendir hasta 25 mil soles mensuales, ¿bajo qué criterios –transparentes, por supuesto– se asignan para los asesores del Ejecutivo? ¿Existe una planilla estatal que da empleo a fidelidades cooptadas, de ‘consultores’ de alto impacto en la opinión pública? ¿Los fondos de apoyo de la cooperación internacional se destinan también para pagar favores políticos a asesores nacionales e internacionales?

Las graves faltas éticas que degradan las bien intencionadas ambiciones del discurso oficial, sustentadas en semejantes malas prácticas de la política, han de integrarse a los nuevos objetivos de la lucha contra la corrupción. Aunque no necesariamente constituyan delitos reconocidos, afectan severamente la institucionalidad política del país. Sus practicantes, en el poder, son los verdaderos enemigos del país. Servir a la gestión pública e ingresar a la política requiere convocar ciudadanos deseosos de supeditarse a las razones de Estado. Sueldos prohibitivos, componendas baratas, egocentrismos, entre otros, laceran la misión genuina de la política.

Durante los meses que pasé por el Ejecutivo, y habiéndole comentado este diagnóstico a un viejo zorro político, este me recomendó “aprender a trabajar con gente mediocre”: quienes tienden a “hacer política” controlando la agenda de sus jefes o tomando del poder su vanidad y no su responsabilidad. Me rehúso a seguir este consejo, porque la política en el país no puede seguir así. Algo tiene que cambiar: no podemos mantenernos en el feudo de la politiquería, de las motivaciones cortoplacistas, de los intereses ajenos a las razones de Estado –las únicas que para el servicio público valen–.